El Gobierno llevará a las Cortes a lo largo de esta legislatura una nueva ley del aborto que sustituya a la despenalización de la interrupción del embarazo aprobada en el año 1985, y que se fundamenta básicamente en la excepcionalidad de los supuestos de violación, malformación del feto y daños para la madre. Fuentes del Gobierno explicaron ayer que "no se trata únicamente de una ley de plazos, sino de algo nuevo para sustituir a una ley de 23 años". Así, un grupo de expertos asesorará al Ejecutivo en esta materia, para lo cual se estudiará toda la legislación de los países europeos. Hasta ahora, el sector más feminista del PSOE había solicitado al Gobierno que aprobase una ley basada en los plazos de gestación, pero tanto en el congreso federal como en el regional de Granada se ha rechazado esta mención.

Esto último no significa, explicaron estas mismas fuentes, que la reforma se vaya a quedar en el decreto que aprobó el Gobierno el pasado viernes para salvaguardar el nombre de las mujeres que abortan, sino que se irá a una ley general que compatibilice el límite de unos plazos con otros supuestos. Un primer informe que debe estar listo este año avanzará en la fijación de los plazos. En la Unión Europea, los países que tienen regulado el aborto han marcado plazos muy diferentes. Y en el caso de España, por ejemplo, se da la paradoja de que no existe un límite fijado si concurren algunos de los supuestos de despenalización.

De hecho, en la ponencia del congreso regional ni siquiera se menciona la tan traída ley de plazos. En uno de los párrafos que fue aprobado ayer se recoge la necesidad de revisar y actualizar la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, "por los profundos cambios sociales, médicos y científicos que han tenido lugar durante esta etapa y los avances logrados en materia de derechos de las mujeres".

Así, explicaron las ponentes de la comisión que había tratado el tema, el texto "insta al Gobierno a que en el menor tiempo posible tengamos un marco jurídico que regule la interrupción del embarazo garantizando la intimidad desde el sistema público sanitario" en el marco del "derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad".

En concreto, los tres criterios que el PSOE de Andalucía sugiere como "fundamentales" son, en primer lugar, garantizar la accesibilidad en la prestación de ese "servicio que debe estar incluido en la red sanitaria pública o concertada". El segundo de los objetivos de la reforma legal sería, recoge la ponencia, garantizar "la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y de los profesionales que las atienden". El tercero de los criterios debería ser, en opinión de los socialistas andaluces, el "respeto" a la decisión de quien aborte.