El próximo día 22, la ex alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo (PP) declarará ante el Tribunal Supremo por los contratos irregulares que el Ayuntamiento suscribió en 2004 con empresas vinculadas a la trama Gürtel para la edición de Fitur de ese año. Lo hará en calidad de investigada -es la nueva denominación que reciben los imputados en causas judiciales- por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Ayer, el Alto Tribunal anunció una citación oficial que se ha demorado varios meses ya que se ha buscado evitar que el proceso judicial coincidiera con la campaña y las elecciones generales del 20-D.

La Audiencia Nacional inició en 2009 una investigación que ha derivado en el encausamiento de cinco técnicos municipales y de los responsables de las empresas contratadas. José de la Mata, el juez que instruyó el proceso en su fase final, señaló también a la ex alcaldesa, pero el tribunal no era competente para abrir diligencias contra ella puesto que era senadora y, por tanto, aforada, de ahí que solicitara al Tribunal Supremo que la investigara. En septiembre, el Alto Tribunal aceptó la petición y abrió una causa, pero la dejó en suspenso puesto que semanas después se convocaron elecciones generales.

Siguiendo la regla no escrita de no adoptar decisiones judiciales de calado en procesos electorales, la Sala de lo Penal decidió esperar a los comicios y comprobar si García-Pelayo seguía como aforada. En las elecciones del 20-D, la ex alcaldesa fue elegida diputada al Congreso del PP por Cádiz, de ahí que mantenga esta prerrogativa.

Tras conocer la apertura de la causa, García-Pelayo solicitó no sólo su declaración de manera voluntaria, sino también la prescripción de los hechos al considerar que habían transcurrido más de 10 años entre las contrataciones y el inicio de la investigación. Este argumento fue rechazado por los magistrados de la Sala de lo Penal al entender que se había realizado con "cierta precipitación procesal".

Esta citación es una primera fase de la instrucción del camino que puede tener la causa en el Supremo. Así, una vez se realice la declaración, el juez instructor, el magistrado Antonio del Moral, deberá decidir si continúa con ella o no. En el caso de que opte por encausarla al entender que hay indicios delictivos, se remitiría al Congreso de los Diputados el suplicatorio.

Los hechos imputados a García-Pelayo se resumen en cuatro actuaciones que ya fueron apuntadas por el Tribunal Supremo en un auto fechado el pasado mes de septiembre. El primero de ellos es la aprobación de un pliego de condiciones para la contratación de estos servicios cuando la primera autoridad de la ciudad no tenía competencia para ello. También se le atribuye la orden de realizar un sistema de elección del adjudicatorio no acorde con lo que estipula la Ley así como "permitir" que los expedientes adminitrativos que sustentaron estas encomiendas se hicieran una vez ejecutado el servicio. Finalmente, se le reprocha que autorizara los pagos a pesar de las irregularides que hubo a lo largo del proceso.