La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado a las diferentes fiscalías provinciales de la comunidad la apertura de diligencias sobre la comercialización de las denominadas participaciones preferentes, en un decreto en el que advierte además de la "mala praxis" generalizada de entidades con estos productos. Este pronunciamiento, del que han informado fuentes de la Fiscalía Superior andaluza, se produce después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, registrara hace varios meses ante el Ministerio Público cerca de 300 denuncias y reclamaciones sobre esta materia.

El decreto distingue varias situaciones relacionadas con las preferentes que, según la Fiscalía, deben ser analizadas en la mayor parte de los casos desde la jurisdicción civil por haber podido existir situaciones abusivas de falta de información o el uso de un producto financiero no apropiado para el público que lo contrató. Esos casos deben tener una respuesta en el ámbito jurisdiccional civil para instar su nulidad, como ya han acordado algunos juzgados españoles de primera instancia. Por otra parte, se encuentran las acciones seguidas en el ámbito de Consumo, en el que la Junta de Andalucía ha promovido varias decenas de expedientes sancionadores que siguen su trámite. Finalmente, existen unos casos extremos y excepcionales, que deberán ser tratados en el ámbito penal por tratarse de hechos con posible relevancia delictiva.

En las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Adscrita de Policía Judicial a la Fiscalía Superior andaluza se han apreciado indicios de delitos de estafa, falsedad o apropiación indebida, cuyos casos interesa que sean judicializados y que se formulen las denuncias oportunas. La Fiscalía Superior y su unidad policial adscrita han coordinado las denuncias recogidas por el Defensor del Pueblo andaluz y las remitirán a cada una de las fiscalías provinciales implicadas para que procedan, o no, a la interposición de la denuncia correspondiente.