Andalucía demanda 116.000 viviendas de carácter social, según el informe sobre Demanda de vivienda social en España y suelo disponible para la promoción de nuevas viviendas sociales. En este estudio, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se fija en 760.000 la estimación de demanda de vivienda social para los próximos cuatro años en toda España.

Cataluña es la que presenta una demanda más elevada -200.000 viviendas-, le siguen la Comunidad Valenciana, con 123.000; Andalucía, con algo más de 116.000, y la Comunidad de Madrid, donde la demanda supera las 114.000 viviendas.

En cuanto a suelo disponible, el informe recoge que la comunidad autónoma con más terreno para la edificación de viviendas de protección pública es Andalucía, con una cifra superior a 37.000; le siguen Madrid (34.680), el País Vasco (32.050) Cataluña (más de 25.000) y Asturias, con alrededor de 23.500.

El informe detalla que el patrimonio de suelo disponible en las empresas públicas municipales y regionales, así como en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas -sin considerar el patrimonio correspondiente a la Administración General del Estado- permitiría la edificación de, aproximadamente, 225.000 viviendas de protección pública durante los próximos cuatro años; de este total, los ayuntamientos y agentes municipales disponen de suelo para 150.000 viviendas protegidas y las comunidades autónomas para otras 75.000.

El estudio subraya que esta cifra corresponde exclusivamente a "suelo realizable", es decir, los terrenos que, dada su situación o grado de desarrollo, podrían ser susceptibles de acoger la edificación de viviendas de protección pública durante los próximos cuatro años. La demanda efectiva en toda España podría rondar las 190.000 viviendas sociales al año, con una presión relativamente más intensa en los grandes núcleos urbanos que han vivido un rápido proceso de expansión durante estos últimos años y han visto crecer hasta valores muy altos los precios de la vivienda libre.

El texto llama la atención sobre la posibilidad de que un porcentaje de entre un 25 y un 35 por ciento de la población podría ver satisfecha su necesidad con el parque de viviendas vacías existentes, y fomentando la vivienda en alquiler. El estudio concluye que tanto los factores económicos como los factores demográficos llevarán en los próximos dos años a una "atonía" en el mercado inmobiliario de vivienda libre.