Eugenio Pizarro Moreno era hasta este viernes el secretario general de Justicia de la Junta. Ese cargo no evitó que lo deslumbraran más de la cuenta las joyas de su suegra. Estas alhajas le han costado el puesto, del que ha dimitido forzado por la condena que le ha impuesto el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz: un año de cárcel y el pago de una indemnización de 4.940 euros a su madre política, a la que robó las alhajas que la mujer guardaba en una caja fuerte y que posteriormente vendió en una tienda de compra-venta de oro.

¿Cómo llega todo un secretario general de Justicia de la Administración autonómica a esta situación? Los motivos por los que Pizarro sisó las joyas a la madre de su mujer no han trascendido. Fuentes de la Consejería de Justicia e Interior se apresuraron a dejar claro desde un primer momento que los hechos se circunscriben al “ámbito privado” de Pizarro y que se habían producido antes de su nombramiento. El departamento que dirige Rosa Aguilar desconocía la trama en la que estaba envuelto el alto cargo. Una vez conocida, fue la propia consejera quien exigió explicaciones al secretario general. La única solución posible era  su salida inmediata de la Consejería. Y Pizarro la abandonó este viernes.

¿Pero quién denunció a Pizarro? Pues Pizarro. Sí, fue él mismo quien interpuso la denuncia por el robo de las joyas. Después de agenciárselas y sacarles partido en el negocio de empeños, se desplazó hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Cádiz y, en su nombre y en representación de su víctima, su suegra, denunció que la caja fuerte de la mujer había sido abierta y las joyas había desaparecido.

El botín con el que se había hecho Pizarro estaba valorado en varios miles de euros. No le fue muy complicado llegar hasta él. Lo tenía cerca. En la capital gaditana, el domicilio de su suegra es colindante al suyo, con el que se comunica a través de un pasillo. 

El ya ex secretario general de Justicia de la Junta no denunció sólo el robo a su suegra. También se inventó un robo en su propia casa, el de “unas importantes piezas de valor”. Fue así como él mismo se enredó en la espiral que ha desembocado en su salida de la Consejería. En el departamento estaba encargado de la coordinación de las competencias de la Junta en materia de Justicia y dirigía las relaciones con el Poder Judicial.

Nacido en 1972, es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y desde 2009 es profesor en el Departamento de Derecho Privado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es doctor en Disciplina Constitucional de la Propiedad Intelectual por la Hispalense. Posee además el doctorado europeo en Análisis Psiquiátrico de la Capacidad Jurídica y de Obrar. También ha sido asesor externo del Grupo Cuatrecasas y juez árbitro en procedimientos arbitrales y dictados de laudos; asimismo, ejerció su profesión como letrado entre 2008 y 2009.

En política, está íntimamente vinculado al denominado clan de Alcalá de los Gazules, el influyente grupo del PSOE gaditano cuya cabeza visible y hombre fuerte es Luis Pizarro, dirigente clave del chavismo, de quien es sobrino. Es también primo del cantante Alejandro Sanz.

Estaba previsto que la vista oral se desarrollase el pasado martes, pero Pizarro evitó la celebración del juicio toda vez que previamente alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. La acusación pública pedía hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, cuando el alto cargo de la Junta reconoció los hechos por los que venía siendo procesado,  se comprometió a abonar 4.940 euros en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño causado, y se pactó la pena a un año de prisión, que no cumplirá al quedar suspendida por el juez.