Critican la falta de asistencia a los enfermos mentales en prisión

Derechos Humanos alerta de que el 40% de los reclusos padece trastornos psíquicos

Ep / Sevilla

04 de marzo 2009 - 05:04

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía criticó ayer que las personas con enfermedad mental recluidas en centros penitenciarios de Andalucía sufren la "vulneración de su derecho a la atención sanitaria", que se traduce en "pérdida de citas por retrasos, falta de asistencia médica especialista en el interior de las cárceles o graves problemas de coordinación" entre los profesionales del Ministerio del Interior, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de la que dependen estos servicios.

Según apuntó la coordinadora general de la organización, Isabel Mora, las denuncias enviadas a la asociación por parte de presos y familiares sobre la sanidad en los centros penitenciarios andaluces "son alarmantes" y demuestran el "fracaso de las políticas sociales y sanitarias" en la región. Todo ello, ha sido recogido en el informe Modelo de atención sanitaria en las prisiones andaluzas.

Según los datos aportados por la coordinadora, en las prisiones andaluzas existe una "sobrerepresentación" de personas enfermas en comparación con la población libre. El 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave (1.340 internos) y el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad (6.700 presos), por lo que la prevalencia dentro de prisión es siete veces mayor que en la sociedad.

Además, el 80% de la población reclusa es drogodependiente, el 10% padece VIH, el 33% hepatitis C (en la población española la tasa de prevalencia es del dos por ciento) y el 5% tuberculosis. A pesar de estas cifras, la asistencia sanitaria es "tremendamente deficitaria", aseguró Mora, extremo "conocido sobradamente por la Administración andaluza, que no se coordina ni asume sus responsabilidades".

En este sentido, recordó que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias "deberían haber sido transferidos desde diciembre de 2004 a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud", algo que actualmente no se ha producido.

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