Ciudadanos propone la creación de un permiso parcialmente retribuido para los profesores de las enseñanzas no universitarias puedan, durante un curso lectivo, hacer un parón en su actividad y formarse para mejorar sus competencias. Así figura en una proposición no de ley registrada por la formación naranja en el Parlamento y que se debatirá en la comisión de Educación y Deporte cuando se reanude la actividad habitual en el legislativo.

La propuesta, que ha sido admitida a trámite, según figura en el boletín oficial de la Cámara regional publicado el jueves, bebe de iniciativas similares que ya están funcionando en regiones como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Se trataría de una suerte de excedencia que permitiría a los docentes que sean funcionarios de carrera dejar de dar clase durante un ejercicio para “facilitar su formación, mejorar las condiciones laborales, y avanzar en la conciliación de la vida familiar”, según reza en la iniciativa admitida a trámite.

Esta medida, según defiende el texto de la proposición no de ley, redundaría “en el aumento de la calidad del sistema educativo”. Entre las ventajas que figuran en la exposición de motivos se contemplan ventajas en el “reparto del empleo”, ya que el puesto que deja vacante el profesor que se acoja a este permiso debe ser cubierto por un docente interino.

La iniciativa no entra en los detalles que regularían el hipotético permiso, que debería ser negociado con los sindicatos presentes en la mesa sectorial de Educación. No obstante, si alude a la necesidad de homologar los derechos de los funcionarios del sistema público de enseñanza de Andalucía y recoge algunas de las fórmulas que se siguen en otras regiones.

Permiso que debe ser negociado con sindicatos

“En líneas generales se trata de un permiso que abarca un periodo de cinco años, en los que se descuenta un porcentaje de las retribuciones. Durante los primeros cuatro años, el docente trabaja a jornada completa, pero el quinto queda exento de la prestación de servicios”, apunta la proposición, que reconoce la variabilidad en otros detalles, como el periodo mínimo de trabajo ejercido en la docencia para poder acogerse a este permiso, la edad máxima para solicitarlo o las condiciones de reununcia.

Lo cierto es que al tratarse de una proposición no de ley, su aprobación no redundaría en la puesta en marcha de esta iniciativa de forma directa. Este tipo de iniciativas de impulso de la labor del Gobierno no son de obligado cumplimiento, como sí lo son las mociones. No obstante, al tratarse de una idea impulsada por Ciudadanos, la probabilidad de que el Ejecutivo de coalición la haga suya es muy alta, ya que el consejero del ramo, Javier Imbroda, forma parte de la cuota naranja del Gobierno andaluz.

Clases sobre derechos laborales y una campaña por la pública

Adelante Andalucía, por su parte, ha registrado dos proposiciones no de ley en materia educativa que se debatirán cuando se normalice la actividad parlamentaria y que proponen la puesta en marcha, con medios públicos, de una campaña en defensa de la enseñanza pública, así como la inclusión en los currículums de enseñanza de asuntos relacionados con los derechos laborales.

La primera de las iniciativas, que se debatirá en Pleno cuando reabra el Parlamento tras la epidemia de coronavirus, aboga por que la Cámara solicite al Gobierno andaluz a poner en marcha una campaña “que ponga en valor el trabajo y los valores de la escuela pública” con el objetivo de fomentar la matriculación de los niños y jóvenes en centros públicos. Esta campaña, según la propuesta de la confluencia de Podemos e IU, deberá tener “una dotación económica delimitada y reservada” cada año en el Presupuesto de la Junta.

La segunda proposición no de ley, que se debatirá en comisión, reclama al Parlamento que solicite al Ejecutivo de PP y Ciudadanos un impulso a un programa educativo para los alumnos del cuarto curso de Secundaria para explicarles cuales serán sus derechos laborales, “la necesidad de ejercitarlos y defenderlos y sensibilizar sobre la importancia de erradicar las situaciones de precariedad y explotación”.

La iniciativa contempla incluso introducir “como elemento transversal” de Secundaria y Bachillerato el conocimiento de “la historia de los movimientos y luchas sociales y sindicales que hicieron posible los derechos laborales que hoy están recogidos en nuestra legislación”. Además, la propuesta de Adelante recoge también la idea de poner en marcha una campaña en medios y redes sociales dirigida al alumnado de Ciclos Formativos y Bachillerato, “sobre sus derechos laborales y cómo ejercitarlos con ejemplos prácticos y visibilizando situaciones de precariedad”.