Con gritos como "no al derribo", "no somos delincuentes" y "legalización o dimisión", centenares de personas se manifestaron ayer por las calles del centro de Chipiona para protestar ante las demoliciones de viviendas ilegales anunciadas, una problemática de la que culparon al alcalde, Manuel García (PSOE), por "tramitar" judicialmente los casos existentes en esta localidad. "Los únicos en Cádiz por vía penal" y "nos permiten hacer la casa y luego nos condenan" eran algunos de los mensajes que exhibían los carteles de la protesta, secundada con un cierre mayoritario de los comercios céntricos del municipio al paso de la manifestación.

La plataforma que convocó la protesta cifra en más de 300 los vecinos afectados de un número total que supera el millar de viviendas y naves industriales ilegales en Chipiona. Los casos sobre los que pesan sentencias firmes de demolición rebasan la veintena, según la misma entidad. Ésta cuenta con el respaldo de todas las formaciones políticas de la oposición municipal y de la denominada Junta de Asociaciones de Chipiona, que agrupa a colectivos como la patronal de la localidad.

La manifestación concluyó en la sede del Ayuntamiento situada en la Plaza de Andalucía, donde leyeron comunicados de queja y agradecieron el apoyo de las federaciones vecinales de El Puerto, Chiclana y Sanlúcar. Intervinieron especialmente Antonio Galán y su esposa, una joven pareja que tiene como "fecha límite" el 1 de febrero de 2009 para desalojar su vivienda ante una resolución firme de demolición dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, aparte de nueve meses de prisión y una sanción económica.

En su manifiesto principal, los concentrados lamentaron "la nula gestión urbanística de los sucesivos gobiernos municipales, que no han sido capaces de aprobar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) durante la friolera de 23 años". De acuerdo con su versión, "esto ha hecho que ningún chipionero haya podido construir una casa en terreno urbano". "El Ayuntamiento cobraba la multa y miraba hacia otro lado recaudando grandes cantidades económicas, lo que le hace ser cómplice de la situación actual. Nunca hemos sido conscientes de que lo que estábamos haciendo era un delito penal, porque nadie nos informó de ello", explicaron. Con todo, aseguraron que "la cosa se complicó de forma mezquina cuando, al entrar a gobernar el alcalde Manuel García, se mandaron todos los expedientes por la vía penal y se están resolviendo los juicios con sentencias muy duras".

La plataforma sitúa el inicio de su "lucha" hace ya dos años, "sin que todavía veamos interés del alcalde por resolver un problema del que es responsable". Desde su punto de vista, "sólo los ciudadanos de Chipiona están siendo juzgados por lo penal, algo que va en contra de toda lógica, pues ningún alcalde de otra localidad lo ha hecho, aun teniendo muchísimas más viviendas ilegales y habiéndose demostrado corrupción urbanística, como son los casos de Chiclana, El Puerto y Marbella, donde las casas se van a legalizar". En este sentido, aseveró que "otros alcaldes, antes de denunciar a su pueblo, intentan primero arreglar sus situaciones legalizando y abriendo áreas". Atribuyó a García "mentiras y falsas promesas" con duras críticas que desembocaron en la exigencia de dimisión.