El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, abrió el miércoles pasado la caja de los truenos al amenazar, como medida de presión, con una reducción de los juicios a celebrar el año próximo. Rabasa, quien considera que la situación actual del sistema judicial, cuando menos en las audiencias provinciales andaluzas, "revienta en dos años", sugirió que con los medios humanos y materiales con que se cuenta en la actualidad sólo se pueden atender los juicios urgentes.

La reflexión de Rabasa, expresada en voz alta, retira la sordina al sentir generalizado en la mayoría de los jueces y profesionales del sistema judicial, una corriente de opinión que se extiende por pasillos, salas y demás dependencias de los edificios judiciales andaluces. El propio presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, entregó anteayer a la consejera de Justicia de la Junta, Evangelina Naranjo, un informe demoledor: hacen falta, como mínimo, 1.719 funcionarios más.

En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han sentado nada bien las palabras de Rabasa. Su portavoz, Gabriela Bravo, avisó ayer al decano de Córdoba de que el órgano superior de la judicatura está en contra de respuestas "drásticas" al colapso judicial.

La portavoz del CGPJ dijo que "determinadas medidas no van a favorecer el normal funcionamiento del servicio público. El Consejo lamenta que se anuncien tales medidas y espera que no se lleven a cabo", agregó Bravo. En su opinión, hay que esperar que los jueces "entiendan que les estamos apoyando y que cualquier medida que perjudique al servicio público y en definitiva al ciudadano, la ciudadanía no lo entenderá, pero van a tener nuestro apoyo en sus reivindicaciones, porque aun siendo históricas, es necesario abordarlas.

Bravo hizo estas reflexiones al término de la reunión que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, mantuvo con los consejeros de Justicia de las once comunidades autónomas con las competencias transferidas en esta materia con un único punto en el orden del día: abordar la situación de la Administración de Justicia y el "malestar generalizado" de la carrera judicial. En este sentido, Bravo señaló que el objetivo de las reuniones entre el Consejo y las comunidades o del trabajo de los vocales territoriales es, además de concentrar esfuerzos en mejorar la justicia, que "los jueces y magistrados de este país sientan que están apoyados y que todas las reivindicaciones que sean legítimas van a ser atendidas", dijo.

En este contexto, Bravo admitió la "preocupación" de las comunidades autónomas porque se lleven a cabo "medidas de conflicto especialmente drásticas", puesto que "pueden ocasionar un conflicto irreparable para el ciudadano y éstas consideran que no son las más oportunas en este momento". Tanto el Ministerio como las comunidades autónomas y el CGPJ "debemos salir y mostrar el compromiso de que de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que estas reivindicaciones sean atendidas pero que reflexionen en cuanto a la oportunidad de las medidas anunciadas", sentenció la portavoz del CGPJ.