El consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) sigue cociendo a fuego lento, muy lento, su decisión sobre el posible cese de su vicepresidenta, Magdalena Álvarez, imputada en la trama de los ERE. La entidad, seriamente preocupada por cómo afectará a su imagen y a su reputación la situación de su ejecutiva, analizó ayer en Roma los riesgos que conlleva tener en su cúpula a un alto cargo que ocupa más titulares en la sección de tribunales de los medios de comunicación que en las de economía o finanzas.

Pero la reunión del consejo concluyó sin una toma de decisiones. No se votó la continuidad de la la ex viceconsejera y ex ministra. La dirección del BEI aparcó hasta el 22 de julio el caso Álvarez, a la que dio la oportunidad de dar a conocer su versión.

A estas alturas, el Gobierno español no oculta que quiere a Álvarez fuera del cargo. Aunque ayer el presidente Mariano Rajoy optó por la prudencia, al recalcar que prefiere esperar una decisión del BEI para comentar el caso, todas las maniobras de los representantes españoles en el banco están dirigidas a poner fin a la carrera de Álvarez en el BEI.

Una portavoz de la entidad informó de que en la reunión de ayer, "a petición de varios miembros, el consejo de administración del BEI ha tenido una discusión procedimental sobre los riesgos de reputación relaciones con las acusaciones contra la vicepresidenta Álvarez". La inclusión de este asunto en el orden del día del consejo se debió a una propuesta de Clara Crespo, representantes española y subdirectora general del Ministerio de Economía, que hace semanas pidió por carta al presidente del BEI, Werner Hoyer, una reunión informativa sobre los procedimientos de la institución para esclarecer el futuro de Álvarez. Crespo, que ayer no asistió al consejo, delegó la defensa de los argumentos del Gobierno contra Álvarez en Lucinio Muñoz, jefe del gabinete técnico del secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa.

El Ejecutivo de Rajoy considera que la ex ministra no podría ejercer ningún cargo directivo en el sector bancario en España en virtud de la nueva ley sobre honorabilidad en el sector financiero, al estar investigada en la trama de los ERE. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya apeló en su día a la "responsabilidad" de Álvarez.