El caso Alhambra saltó ayer al terreno político tras conocer el escrito de acusación de la Fiscalía. El Ayuntamiento de Granada ve "evidentes" responsabilidades políticas del PSOE y la Junta de Andalucía en el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al recinto nazarí, y reclamó explicaciones sobre este asunto a la directora del patronato que gestiona el recinto nazarí, María del Mar Villafranca.

El concejal de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, lamentó que "todas las cuestiones vinculadas con el PSOE estén enganchadas de alguna forma" a escándalos de posible corrupción en los que "las cuentas no están claras", algo que tachó de "espeluznante".

De hecho, el portavoz aludió a la posibilidad de que "en este contexto de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares; de los fondos de formación y de la supuesta venta fraudulenta de entradas de la Alhambra, al final no vaya a parar todo al mismo río que recoge ese caudal de mala gestión".

García Montero comentó que no puede "entender que haya una voluntad de encubrir políticamente este asunto cuando debemos facilitar al máximo las investigaciones judiciales". El edil advirtió que la responsabilidad política de este "escándalo" es de quien "tiene la obligación de tutelar el control de la venta de entradas y no lo ha hecho".

García Montero consideró "insólito" que se haya producido este "descontrol" en los accesos a la Alhambra cuando es una tarea "fácil" frente a lo que realizan diariamente las salas de cine controlando el acceso de millones de espectadores mediante un sistema "perfectamente diseñado".

El presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, hizo referencia ayer a este tema y se preguntó "dónde están los millones de euros perdidos" con este supuesto fraude. En su comparecencia para hacer balance de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, el popular catalogó de "escándalo monumental" este episodio, con un total de 77 imputados. A tenor de esta valoración, Pérez denunció que la Alhambra sea "una sucursal del PSOE sevillano". En ese sentido, aprovechó para reclamar más presencia granadina en su gestión. "Si una administración gobernada por el PP tuviera entre sus filas a los mismos imputados y penas de cárcel que la Fiscalía pide "no podría salir de la sede".

La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas de entre cuatro y nueve años de cárcel para las 45 personas a las que acusa en el caso Alhambra sobre presuntas irregularidades en el control de accesos y venta de entradas al conjunto monumental nazarí.

Según consta en el escrito de acusación, el perjuicio causado al Patronato de la Alhambra ha sido cuantificado en más de 6,66 millones de euros, 3,5 millones correspondientes a ingresos no percibidos por el acceso irregular y 3,16 millones por daños materiales causados en el monumento.