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Andalucía

Aprender del 28-F

  • El autor propone mirar al proceso autonomista andaluz para solucionar conflictos actuales

La bandera andaluza ondeando en Cádiz. La bandera andaluza ondeando en Cádiz.

La bandera andaluza ondeando en Cádiz. / Fito Carreto

Vivimos tiempos políticos convulsos en España, que están envileciendo la convivencia y la calidad del sistema democrático de nuestro país. La declaración unilateral de independencia de Cataluña, el juicio por rebelión a sus impulsores, la moción de censura al gobierno de Rajoy en un contexto de corrupción, la elección de Pedro Sánchez como presidente con el apoyo de fuerzas independentistas, la irrupción parlamentaria de un partido de ultraderecha como Vox, el escoramiento del PP y Cs a un discurso cada vez más intolerante, el ensimismamiento de Podemos, entre otras razones, han encenagado la vida política de España. Las elecciones generales del 28 de abril y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, pueden reajustar el panorama, prestando apoyo suficiente a los que se inclinan por buscar soluciones políticas a estos graves problemas, en el marco de la Constitución, o los que pretenden el uso de la fuerza con la aplicación indefinida del 155, suspendiendo la autonomía de Cataluña, sin saber si puede provocar una radicalización acelerada de las partes en conflicto. Posiblemente, pensarán, que las fuerzas independentistas no acepten nada que no sea la independencia, es posible, pero siempre es indispensable cargarse de razón y articular un relato sensato y democrático, ante la ciudadanía catalana, española e internacional.

Como andaluz debo reconocer que me preocupa la actual situación, porque el procés catalán está provocando la pérdida de apoyo ciudadano al Estado autonómico y la multiplicación de voces que defienden proyectos recentralizadores. Defensores de volver a la casilla de partida del principio de la etapa democrática, retornando a un modelo en el que se reconoce la máxima autonomía a Cataluña, Euskadi y Galicia, tal como había previsto la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución, y se deja el resto en una autonomía de segunda, con competencias limitadas. Puede parecer una exageración, pero es sabido que la irrupción de Andalucía cambió el modelo autonómico previsto inicialmente y consolidó un reparto similar para todas las Comunidades. Ahora, con un gobierno en Andalucía de derechas, no les parecerá a muchos un obstáculo imposible de superar, como lo era con gobiernos socialistas, el rebajar nuestro nivel competencial.

Intentar desequilibrar de nuevo el modelo autonómico, colocando dos niveles, para apaciguar la deriva catalana no creo que conduzca a ninguna parte, pero si creo que un análisis del proceso autonómico en Andalucía puede darnos algunas pautas de comportamiento para el futuro. Aceptemos de entrada que el referéndum del 28 de febrero de Andalucía, con la perspectiva actual, es claramente una anomalía política que se explica sólo por el marco socioeconómico y territorial en el que se genera, por la falta de previsión y de olfato de muchos de sus artífices y de la innegable obligación del Estado y del gobierno de Adolfo Suarez de salir de la ratonera que los resultados habían producido en una región tan enorme y poblada como Andalucía.

El primer hecho destacable para comprender el 28-F viene de la mano de las primeras elecciones generales (15/06/1977), que serían constituyentes. Las ganó la UCD de Suárez con 165 escaños en el Congreso, pero en Andalucía la mayoría fue de izquierda y la primera decisión de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces (APA) que se constituyó en octubre de 1977, fue convocar una gran manifestación unitaria pro autonomía, que se celebraría el 4 de diciembre de ese año. La manifestación del 4-D rompe todos los cálculos más optimistas y hasta dos millones personas, en todo el territorio, alzaron su voz pidiendo salir del subdesarrollo, con instituciones y medios para conseguirlo. El espectacular éxito de la manifestación unitaria tuvo un contrapunto trágico con el asesinato en Málaga de García Caparrós, que apuntó netamente que no todos estaban en las mismas posturas ni con las mismas convicciones. El 4-D sería el detonante que cambió el recorrido futuro de toda Andalucía. El tsunami del 4-D cambió definitivamente el relato andaluz, desde una visión política minoritaria y académica, a un sentir generalizado de la población en todos los niveles. Y es precisamente el olvido de lo que supuso el 4-D, lo que llevó a la UCD, en contra de los mínimos principios de prudencia, a aceptar convocar el referéndum de autonomía del 28-F de 1980, y pedir el voto en contra de la autonomía del 151, convencido de que se perdería, gracias entre otras cosas a la marrullería de Martín Villa, con pregunta enrevesada, campaña disuasoria y otros estropicios. El referéndum del 28-F sin duda, se perdió al no haber conseguido la provincia de Almería superar el 50% de votos afirmativos sobre el total del censo. Punto final. Pero en política los hechos son tozudos, los resultados habían sido apabullantes por el sí, el recuerdo del 4-D seguía en la mente de muchos, y líderes nacionales y de Andalucía, no se avinieron a aceptar si más el fracaso. Había que buscar una solución política al entuerto. Y se encontró forzando la modificación de la ley de modalidades de referéndum y su aplicación retrospectiva para el 28-F de Andalucía. Se salió del atolladero a trompicones, pero nadie posteriormente lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, con lo que el acuerdo se hizo firme y permitió aprobar posteriormente el Estatuto de Autonomía en 1981, y hacer las primera elecciones autonómicas en 1982. Había un problema y se buscaron las soluciones políticas y jurídicas, de la mano de hombres de estado como Rafael Escuredo, Felipe González o Adolfo Suárez. Y España consiguió que el modelo autonómico funcionara casi cuarenta años más, con el único desajuste grave de Cataluña, tras el destronamiento del clan Pujol.

El 28-F de Andalucía es un ejemplo de libro de cómo conseguir recorrer un camino proceloso, sin violencia, con respaldo mayoritario de la ciudadanía y buscando soluciones políticas a problemas difícilmente resolubles por la fuerza o con los tribunales de justicia.

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