La primera sesión del juicio contra el juez Francisco Javier de Urquía, el presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de Marbella, Juan Antonio Roca, y un tercer acusado, Arnaud Frabrice, concluyó ayer sin que éstos pronunciaran ni una sola palabra. Un incidente de abstención dirigido contra el fiscal del caso, que es el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, propició que finalmente la vista fuese aplazada hasta hoy, por lo que será a lo largo de esta mañana cuando se lleven a cabo los interrogatorios de los acusados.

Tras una ronda interminable de cuestiones previas, la suspensión del juicio fue acordada por los miembros del tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que García Calderón informase de su intención de retirarse del proceso para ser sustituido por otro fiscal hasta que la Fiscalía General del Estado se pronuncie sobre si debe abstenerse o no de seguir en el mismo.

La petición de que el fiscal superior se abstenga de seguir ejerciendo la acusación pública en este juicio fue planteada por la defensa del juez De Urquía, el abogado Antonio González Cuéllar, quien consideró que podría haberse producido "una pérdida de imparcialidad objetiva del Ministerio Fiscal". A su juicio, García Calderón podría estar contaminado por conocer el contenido de unas conversaciones telefónicas, intervenidas judicialmente y posteriormente anuladas, en las que se plasmaba la estrategia de defensa del juez.

Se da la circunstancia de que ya por este mismo motivo, y precisamente a instancias del fiscal superior, fueron recusados el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y el magistrado Jerónimo Garvín, para que no formaran parte del tribunal que va a enjuiciar a Urquía, el cual está presidido por la magistrada Inmaculada Montalbán.

También en la sesión de hoy se conocerá la decisión del tribunal sobre las extensas cuestiones previas planteadas por las defensas del juez y los otros dos acusados, con quienes De Urquía ha decidido no compartir banquillo físicamente, ya que ha sido autorizado a sentarse junto a su letrado para ejercer su propia defensa.

Entre las cuestiones planteadas por las defensas destaca la petición de que sea declarada nula la incorporación a la causa de diversas escuchas telefónicas efectuadas en el marco de la operación Malaya y en las que figuran, presuntamente, las voces de los encausados. Las defensas opinan que se trata de "pruebas ilícitas" que "vulneran el secreto de las comunicaciones" y lesionan "el derecho que tiene todo ciudadano a un proceso con todas las garantías". Asimismo, el letrado del juez invocó el derecho a que su cliente sea enjuiciado por un jurado popular, institución a la que la Ley permite juzgar el delito de cohecho.

El juicio se reanudará a las 8:30, en el Palacio de la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal andaluz, donde ayer se dio cita una treintena de periodistas. La vista se desarrolla en este lugar por la condición de aforado del juez acusado, que se enfrenta a 3 años de prisión, 17 de inhabilitación, 2 de suspensión y una elevada multa como presunto autor de delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público. Por estos mismos delitos, salvo por la prevaricación, se sientan en el banquillo Roca y Fabrice, para quienes también solicita el Ministerio Público tres años de cárcel como cooperadores del juez De Urquía en los hechos ilícitos que se le atribuyen.

Una de las supuestas irregularidades atribuidas al juez, que era titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella y se encuentra actualmente suspendido de sus funciones, tienen que ver con la tramitación que dio en marzo de 2006 a una denuncia de Roca, luego convertida en querella, mediante la que éste logró la suspensión cautelar de la emisión de un programa en una televisión local de Marbella, Telemar, en el que se ponían de manifiesto sospechas de ilicitud en sus actuaciones como responsable municipal del urbanismo marbellí.

Otro de los presuntos vínculos con Juan Antonio Roca que han abocado al juez De Urquía a este proceso fue el hallazgo, en uno de los registros practicados en la operación Malaya, de una copia de la escritura de compraventa de una vivienda adquirida por el juez en Marbella.