Con el reciente traspaso del Guadalquivir, Andalucía cerró el anillo hídrico de las competencias recibidas del Estado. Uno de los hitos más importantes para una comunidad a la que aún le queda mucho que andar en el camino competencial definido en su nuevo Estatuto, a pesar de estar en el grupo de cabeza de las que más transferencias ha recibido desde 1978, con más de 151 -sólo superada por Cataluña, con 180, y Galicia, con 154-, de las que hasta 27 se ejecutaron en la última legislatura, según el balance presentado al cierre del pasado ejercicio por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Sin ir más lejos, el Ejecutivo autonómico ya tiene fijado para los próximos cuatro años una veintena de materias de las que reclamar su gestión al Gobierno central. En esa batería de peticiones las hay que ya están en fase de negociación, algunas tan importantes como la asunción de los servicios ferroviarios regionales y de cercanías, las tareas de inspección de trabajo o la prevención de riesgos laborales. Y las hay pendientes de algún fleco, como las autorizaciones de trabajo a extranjeros o las becas y ayudas al estudio estatales. Esta última es de gran trascendencia ya que mantiene en el aire uno de los grandes compromisos del Ejecutivo autonómico: la ayuda de 6.000 euros a los estudiantes con pocos recursos económicos para rebajar la alta tasa de abandono del Bachillerato o Formación Profesional -un 38% del alumnado-, programada para el curso académico 2009-2010 y que tendrá que posponerse para el siguiente.

La estrategia negociadora de la Junta será clave en este periodo, especialmente marcado por la crisis, ya que está muy alto el listón de reclamaciones, teniendo en cuenta que la pasada legislatura sólo logró hacerse con tres: el Guadalquivir y las cuencas hidrográficas Atlántica y Mediterránea -le permiten asumir la gestión del 90% de los recursos hídricos de la comunidad-, y el personal del hospital militar Vigil de Quiñones de Sevilla.

Buena prueba de ese esfuerzo que tendrá por desplegar está también en que la Junta y el Gobierno tropezaron recientemente en algo que si bien no es una transferencia, sí viene relacionado con las que se asumieron hace años pero no con los recursos económicos suficientes, y que se resumen en el concepto de deuda histórica, cuya negociación parece haberse desbloqueado y que, pese a la actual ciclo económico, parece que acabará con un ingreso en las arcas autonómicas por parte del Estado de no menos de 1.148 millones de euros.

A este último factor se suma que Andalucía, treinta años después, todavía tiene pendientes siete traspasos generales o comunes de los contemplados para aquellas comunidades de primera división que fueron las que se rigieron por el artículo 151 de la Constitución. Esta circunstancia sitúa a la comunidad, junto al País Vasco, a la cola en la recepción de estas 19 competencias básicas, ya que le faltan siete, mientras a Cataluña le falta tan sólo una -gestión de los seguros escolares-, tres a Valencia o cuatro a Navarra. Dentro del grupo de los asuntos comunes pendientes están el gobierno de las instituciones penitenciarias, la legislación sobre productos farmacéuticos, el transporte marítimo o los profesores de religión.