Tres días después de que la Junta de Andalucía se opusiera a la entrega de las actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001, la juez Mercedes Alaya ha dictado un nuevo auto en el que confirma su criterio y reitera al Gobierno andaluz que debe entregar dichos documentos para facilitar la investigación relacionada con el escándalo de los ERE. La juez considera que las actas "ni son reservadas ni son secretas" y todo ello de acuerdo con la ley 6/2006 del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, que recoge en su artículo 31 que sólo los documentos que se presenten al Consejo tienen carácter reservado, mientras que las deliberaciones, opiniones y votos son secretas.

La juez explica que la solicitud de todas las actas desde 2001 obedece a que si conociera cuáles son las relevantes para la investigación, "sólo pediría esas", porque la instructora aclara que no tiene interés con la sobrecarga que afecta a su juzgado "de examinar más documentación de la cuenta" ni tampoco "obligar a la Administración autonómica a desvelar extremos que sean materia reservada".

Tras argumentar en la mencionada ley la obligación de entregar las actas, la magistrada reprocha a la Junta su negativa -algo que la juez confiesa se ha enterado por los medios de comunicación- a pesar de que la Administración autonómica está persona como perjudicada y como acusación particular en la causa, y actúa "con un publicitado ánimo de colaborar con la Justicia", ironiza la magistrada.

"En cualquier caso resulta paradójico que durante diez años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello", añade el auto, que considera incluso que la Junta incurre en un abuso de derecho por pretender "ocultar" datos relevantes. "No es legítimo por constituir un abuso de derecho que la Junta de Andalucía se persone como perjudicada y de otro lado pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 119 de nuestra Carta Magna", sentencia la magistrada.

En cuanto a los fundamentos que han llevado a la juez Alaya a solicitar la entrega de las actas , la instructora analiza la figura utilizada por la Junta para financiar los ERE a través de transferencias de financiación de explotación" a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (antes IFA), y los informes de la Intervención General que concluyeron que se había estado prescindiendo del procedimiento adecuado para entregar estas ayudas, que no es otro que el de la subvención excepcional.

La magistrada concluye además que no sólo se está investigando el uso de los fondos públicos sino incluso un delito de prevaricación. "Al margen de la indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares, personas vinculadas al partido de gobierno y a su entorno, se investiga en la presente causa si el procedimiento y utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencia, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención General, puede constituir un delito de prevaricación de conformidad con el artículo 404 del Código Penal".

El auto afirma que a todo esto se añade, "como colofón", que en muchas prejubilaciones de empresas acogidas a ERE, los compromisos de pago se realizaban inclusive prescindiendo de protocolo y convenio de colaboración, "comprometiéndose el pago de importantes sumas de dinero por el director general [de Trabajo y Seguridad Social] en escuetos escritos de varias líneas dirigidos a la aseguradora o a la mediadora, con ausencia absoluta de procedimiento".

La parte dispositiva de este auto reitera a la Junta que entregue las 480 actas de los consejos de Gobierno desde el año 2001. El Gobierno andaluz apreció ayer en esta nueva resolución un "acotamiento" de lo que está solicitando la juez, a pesar de que la petición de la instructora no ha variado ni un ápice desde el anterior auto.

La Junta de Andalucía también anunció el pasado martes que enviaría al juzgado un "requerimiento de incompetencia" a la juez, lo que abría la posibilidad incluso a llevar la situación al Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha respondido a este requerimiento en una providencia que emplaza a la Junta para que, a través de los representantes del servicio jurídico se pronuncie sobre si "mantiene" ese requerimiento de inhibición por incompetencia una vez que ha expuesto los fundamentos de la petición de las actas. Para tal fin, la juez Mercedes Alaya ha citado al letrado del gabinete jurídico de la Junta el próximo lunes 4 de abril, a las 13:30, en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, para que manifieste "personalmente ante el juzgado" su postura sobre esta cuestión.