Andalucía

La Abogacía del Estado admite que es inviable limpiar Palomares sin EEUU

  • Sostiene que el convenio firmado en 2015 es una mera declaración de intenciones

Una delegación de técnicos de EEUU inspecciona Palomares en una visita realizada en 2011. Una delegación de técnicos de EEUU inspecciona Palomares en una visita realizada en 2011.

Una delegación de técnicos de EEUU inspecciona Palomares en una visita realizada en 2011. / carlos barba / efe

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La Abogacía del Estado admite la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan aprobado en 2010. Éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas".

La representación del Estado sostiene, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" y reconoce que "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos" generados.

Ecologistas en Acción acudió a la Audiencia Nacional para exigir la rehabilitación de la zona

Así lo expone la Abogacía del Estado en la respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, a la demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo de 2010. El recurso contencioso-administrativo se inició a instancias de Ecologistas en Acción después de que el CSN denegase la clausura del área contaminada con radioactividad de Palomares.

En el escrito elevado a la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado señala que "no tiene cabida considerar que cabe fijar un plazo" porque, por un lado, no hay norma que lo obligue y, por otro, porque "ejecutar todo lo dicho en un plazo de tres años como dice el demandante es materialmente imposible, tanto por no estar aprobado un plan definitivo como por exigir la determinación y ejecución de multitud de factores".

Por último, los representantes de la administración central sostienen que lo que se firmó en 2015 con Estados Unidos fue solo un "memorando de entendimiento " que recoge "únicamente una declaración de intenciones entre los dos países", por lo que, según subraya, "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos".

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