la opinión invitada

Gobernar contra la sequía

  • Feragua pide a la Junta medidas drásticas y que agilice la tramitación de las ayudas

Gobernar contra la sequía

Gobernar contra la sequía

La situación de sequía climática e hidrológica en la que se encuentra gran parte de España y, especialmente en los últimos meses, nuestra región andaluza nos obliga a los usuarios y gestores del agua a tomar medidas para poder mitigar de la mejor forma posible los adversos efectos que esta situación genera al conjunto de la sociedad: restricciones en sistemas de abastecimientos, industria y regadíos, pérdida de mano de obra agrícola, pérdidas en los mercados hortofrutícolas ganados en el pasado con mucho esfuerzo, merma de generación de energía renovable por menor producción de las centrales hidroeléctricas, disminución de caudales que afectan a los ecosistemas acuáticos y pérdida de biodiversidad, entre otros. El sector agrario -principal motor económico de Andalucía junto al turismo- es en este momento el más dañado por la falta de agua.

Por ello, las administraciones públicas empiezan a hablar de poner en marcha Decretos de Sequía que servirán para paliar parcialmente el desastre económico, social y medioambiental. Y a lo mejor es posible que la situación sirva también para agilizar y poner en marcha nuevas presas y obras de mejora de infraestructuras que estaban aprobadas ya, pero que no se acababan de ejecutar. Lamentablemente, estas nuevas inversiones servirán para superar la próxima sequía, no la actual, dado que las mismas tienen un periodo de maduración muy largo.

"Los proyectos de innovación que Feragua presentó en octubre de 2016 están sin resolver"

Gracias a los embalses realizados en el pasado, la mayor parte de los sistemas de abastecimientos urbanos de Andalucía están garantizados -Sevilla, con la incorporación de la presa de Melonares, tiene garantía para al menos cuatro años-, pero los sistemas de riego sí vamos a sufrir el déficit estructural de nuestra región, en gran parte porque los embalses, construidos para fines de regadíos, ofrecen garantía a los sistemas de abastecimiento, que cada vez se enganchan en mayor medida a las aguas superficiales que ofrecen más seguridad de suministro en cantidad y calidad. Como ejemplo, los embalses del Tranco, Iznájar, Rumblar, Bembézar, La Fernandina, Colomera-Cubillas y muchos otros, construidos inicialmente para regadíos, están sirviendo, sin embargo, para garantizar el agua a muchos municipios andaluces.

¿Qué podemos hacer los regantes entonces? Pues estamos modernizando nuestras redes de riego, incorporando las técnicas más innovadoras en la gestión del agua para riego, cambiando la mentalidad de los regantes hacia la mayor eficiencia en el uso del agua y hacia las nuevas tecnologías de manejo del agua, suelo y planta. Pero nos encontramos con importantes barreras. Por un lado, la sequía inversora en los últimos años de las administraciones públicas, central y autonómica, y en especial las inversiones en nuevas presas que pueden aportar más agua, pero que desgraciadamente están mal vistas por los sectores ambientalistas y en general por los políticos, precisamente por esa oposición ecologista y por su largo periodo de maduración, que impide la rentabilización electoral. En Andalucía, en este momento, la única presa en construcción promovida por el Ministerio, la de Alcolea en Huelva, está paralizada y la Junta de Andalucía, tras más de 10 años de gestión de las cuencas litorales andaluzas, no ha sido capaz de construir, ni siquiera iniciar, alguna nueva presa para aportar nuevos recursos.

En consecuencia, pedimos, por un lado, que la ministra de Agricultura promueva de una vez por todas el anunciado el Pacto Nacional del Agua para satisfacer las demandas de todos los sectores que sufren las sequías, facilitando las conexiones entre cuencas con trasvases y, al mismo tiempo, poniendo en marcha urgente las nuevas presas que puedan garantizar los usos de las cuencas cedentes, para hacer sostenibles a largo plazo los necesarios trasvases.

Y por otro, debemos denunciar que los escasos fondos públicos destinados a la mejora de regadío, que son gestionados casi en exclusiva por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural - ya que el Ministerio ha decidido destinar toda su capacidad inversora en obras de saneamiento y depuración-, están sufriendo la complejidad de una normativa reguladora de las ayudas públicas -diseñada por la Consejería de Hacienda- que retrasa y hace muy difícil para los administrados y para los administradores la tramitación de los expedientes financiados con fondos europeos Feader, lo que está poniendo en riego la ejecución de toda la política inversora de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En este momento las líneas de ayudas convocadas para incorporación de jóvenes, para modernización de explotaciones, para innovación a través de los grupos operativos están tramitándose con una pasmosa lentitud. Por poner un ejemplo muy conocido por Feragua, los proyectos de innovación que presentamos en octubre y noviembre de 2016, todavía hoy no han sido resueltos, y lo peor, ni sabemos cuándo se van a resolver.

Recientemente, se han convocado las ayudas para mejora de regadío destinadas a Comunidades de Regantes y corremos el mismo riesgo de sufrir la penosa tramitación "andaluza" de las ayudas públicas reguladas por la Orden de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Corremos el riesgo de que con dicha normativa, que la calificaría de "norma antiinversión", los andaluces pierdan millones de euros de fondos europeos y nacionales. El Consejero debería de tomar ya medidas drásticas y urgentes y tratar de modificar el sistema de tramitaciones de ayudas cuanto antes mejor, o se tendrán que devolver millones de euros Europa por no poder ejecutar los proyectos a los que van destinados las ayudas. Algo penoso e injustificable.

En suma, necesitamos que las administraciones tomen cartas en el asunto y se dediquen proactivamente a tomar medidas de gobierno contra la sequía, y sus muy nocivos efectos sobre la agricultura y la economía andaluza.

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