Toros

La ganadería de González Sánchez Dalp, sancionada por 'afeitado'

  • La sentencia refleja que se manipuló las astas de un toro en la Feria de Huesca

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca ha ratificado la sanción de 8.000 euros que impuso la Delegación Territorial de la Diputación General de Aragón a la ganadería de González Sánchez-Dalp, por manipulación fraudulenta de las astas de uno de los toros lidiado en la feria taurina de la capital oscense en 2006.

La sentencia se hizo pública ayer en una rueda de prensa celebrada por el Delegado del Gobierno aragonés en Huesca, Álvaro Calvo, en la que explicó los pormenores de la misma.

Según explicó Calvo, la resolución considera probado, a tenor de los informes veterinarios, "que las astas del primer toro lidiado en la corrida del 11 de agosto de 2006 fueron manipuladas para restar su capacidad ofensiva" señaló.

Para los responsables del Gobierno de aragón la sentencia es especialmente satisfactoria. Los tribunales suelen rechazar la práctica totalidad de los expedientes sancionadores por defectos de forma. El ganadero afectado recurrió la sanción ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo, desestimando dicho tribunal el recurso y haciendo firme la sentencia y, por tanto, haciendo prevalecer los fundamentos jurídicos de la Delegación Territorial.

El instructor del expediente, el letrado José Luis Pueyo, señaló que las dificultades que planteó el caso se debieron a la dificultad de probar que el astado fue manipulado por el denunciado. Los informes solicitados a la empresa que gestiona la plaza de toros de Huesca, Torosanda, a los veterinarios del coso taurino y a los especialistas del laboratorio del Cuerpo Nacional de Policía en Canillas (Madrid) han avalado la resolución del juez.

Los informes revelaron que el asta fue reducida por métodos artificiales antes de entrar en la plaza de toros y que el afeitado no se efectuó en toriles al no disponer el coso de muecos, los artilugios con los que se realiza esta labor.

Además, el fallo judicial considera "significativo" que el ganadero, ante la sospecha de los veterinarios, se había responsabilizado de la salida de la res a la arena.

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