El proyecto de Ley de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) superó ayer su primer trámite parlamentario tras el rechazo en el pleno del Congreso de las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por PNV, ERC-IU-ICV, BNG y UPyD.

El siguiente paso del citado proyecto de ley será el estudio de la mencionada medida en el seno de la Comisión Constitucional, algo que se producirá el próximo día 16, y posiblemente pueda verse en el Senado a finales de mes.

El PSOE y CiU han sido las encargadas de rechazar las mencionadas enmiendas por 173 votos en contra, mientras que el PP se ha abstenido.

En su intervención al inicio del debate, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado "sonrojarse" al leer algunas de las enmiendas a la totalidad presentadas y ha pedido a los grupos que "arrimen el hombro" para "mejorar lo que haya que mejorar de la ley". A su vez, ha opinado que es "justo" que todos aquellos que salen ganando con la medida, "operadores, concesionarios y prestadores", participen en la financiación y ha señalado que el Gobierno no ha querido esperar a que la situación desemboque en una nueva crisis para RTVE.

De la Vega también ha explicado que se ha consultado al sector sobre la medida aunque ha reconocido que "los consensos no son unanimidades" y que esta ley "no ataca" a la autonomía de RTVE, su consejo y su dirección "como reza alguna enmienda".

Por parte del PSOE, Óscar López, ha señalado que mediante la medida se garantiza la estabilidad laboral de RTVE, se garantiza el futuro del Ente y "nos homologa a nuestros vecinos europeos". "No provocar una reforma como esta haría que RTVE volviera a la senda de la deuda que ya hemos abandonado", sostiene.

Desde el PP, Francisco Villar, dijo que no es "correcto" el modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo en la ley y ha demostrado "no tener criterio ya que antes de la financiación hay que definir el modelo de radio y televisión pública que se desea para RTVE".

El diputado del PNV, José Ramón Beloki, ha criticado el hecho de que la medida haya sido tramitada de urgencia, que se hayan roto los mecanismos logrados en 2006 con la aprobación de la Ley de Radio y Televisión de titularidad estatal y que los responsables de la Corporación no fueran consultados con anterioridad sobre la misma.