Fueron 154 los pasajeros muertos el pasado 20 de agosto cuando un avión MD82 de Spanair se estrelló al despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas, en el siniestro aéreo más grave de la última década en Europa; una tragedia, sin cerrar, con dos técnicos imputados por delito de homicidio y sólo 17 supervivientes. 

El suceso desencadenó la polémica política y el cruce de acusaciones a cuenta de la seguridad aérea, la operación de rescate, y las filtraciones de la investigación a los medios. 

Los errores humanos han sido los causantes de la mayor parte de los accidentes de aviación comercial más graves ocurridos en España en las últimas tres décadas, desde que en 1977 el choque de dos aeronaves en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos causó la muerte de 583 personas. 

Al menos así consta en los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (CIAIAC), del Ministerio de Fomento, encargada de investigar el siniestro. 

El director de operaciones de Spanair, Javier Muelas, negó en una entrevista que la causa del accidente se debiera a un fallo del sistema de aviso de despegue, pero reconoció que la aerolínea no había incorporado hasta después del accidente la recomendación del fabricante del aparato de comprobar este mecanismo antes de cada vuelo. 

El juez de instrucción del caso, Juan Javier Pérez, ha justificado la imputación de los dos técnicos, en los indicios que apuntan que podrían ser responsables de la no reparación satisfactoria. 

Según la comisión de investigación, el sistema de seguridad no avisó al piloto de que no llevaba desplegados los flaps (alerones), para despegar. 

Además, el aparato sufrió una avería ese mismo día en el sensor de temperatura, en un primer intento de despegue. 

En el segundo intento, el avión se elevó 40 pies del suelo y luego descendió hasta impactar sobre el terreno con la parte del cono de cola y casi simultáneamente con la punta del ala y parte del motor derecho. 

A continuación, rodó a lo largo de 448 metros, perdió contacto con el suelo al alcanzar un terraplén y luego se incendió. 

El impacto fue "brutal", había trozos de avión esparcidos por todas partes y la mayoría de las víctimas resultaron carbonizadas, relataron trabajadores que colaboraron en el rescate de los pasajeros, entre los que había 22 niños, todos fallecidos menos tres. 

La conmoción se apoderó del aeropuerto, uno de los más grandes de Europa con 70 millones de pasajeros al año; los familiares no paraban de llegar para saber de sus parientes, la desolación se reflejaba en la cara de todos, y a duras penas se contenía la emoción. 

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, tuvo que comparecer un par de veces en el Congreso de los Diputados para responder al PP sobre las medidas de seguridad y las filtraciones a los medios, y para asegurar que el rescate se inició tres minutos después del accidente. 

El juez del caso solicitó al diario El País que cesara en la difusión de un vídeo sobre el accidente y ordenó abrir un procedimiento por delito de revelación de secretos. 

Los trabajadores de Spanair reclamaron al presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, un "gesto público" que les salvara del linchamiento. 

Los familiares de las víctimas, constituidos en asociación, han pedido el total esclarecimiento de lo sucedido, y un bufete de EEUU que representa a dos de ellos anunció que iba a pedir 1,7 millones de dólares de indemnización.