La subcomisión para la reforma de la ley del aborto se cierra sin acuerdo

  • Las comparecencias de los 30 expertos no logran superar las divergencias de trasfondo idelógico · PSOE y PP se enzarzan en un debate sobre el cambio legislativo y los obispos expresan su rechazo

Parece que el PSOE propondrá una reforma de la ley del aborto basada en los plazos (con excepciones) y articulada alrededor de la libre interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación. Eso es lo que defienden los expertos que han pasado por la subcomisión que estudia la reforma legislativa con opiniones más afines a los planteamientos del partido que sustenta al Ejecutivo. Las posiciones de este pool de 30 especialistas (12 nombrados a propuesta de los socialistas, otros 12 propuestos por el PP y otra media docena presentada para su designación por los grupos minoritarios del arco parlamentario estatal), plasmadas en las actas de la subcomisión parlamentaria, deberían fundamentar las propuestas de este grupo de trabajo que, el próximo mes de febrero, dará cuenta a la Comisión de Igualdad (que debe ratificar sus conclusiones) de la tarea que comenzó en el mes de octubre y que finalizó el pasado viernes. De ahí, pasará a otro grupo de expertos, el nombrado por el Ministerio de Igualdad para trabajar la reforma. A día de hoy, lo que se sabe (era previsible) es que no se ha alcanzado una posición común en torno a una realidad problemática que genera un intenso debate social. Sólo en aspectos más periféricos de la cuestión habrá, previsiblemente, aproximación al consenso, como la necesidad de mejorar la integración de la objeción de conciencia de los profesionales en la actividad de los centros sanitarios, sacar al aborto de las proximidades del Código Penal (las prácticas actuales sufren la cercanía de la sombra formal de la despenalización) o el límite de las 22 semanas de gestación, definido por el concepto de viabilidad fetal de la Organización Mundial de la Salud.

Entre las voces de la subcomisión mejor valoradas por el PSOE está la de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que tiene claro que la reforma de la ley debe cimentarse sobre el plazo de las 14 semanas de aborto libre. Para su presidenta, Altamira Gonzalo, ese plazo es un "mínimo", ya que incluso habría indicaciones sin plazo, como las malformaciones del feto o el peligro para la salud de la madre. Para la portavoz de Themis, la ley actual "viene ocasionando una situación de inseguridad jurídica a muchas mujeres y profesionales". En el lado opuesto, puntos de vista como el del presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, que en su comparecencia del viernes denunció que el aborto es "fruto de la violencia". Para este experto, "el aborto es la punta del iceberg, la raíz del problema es lo que hay debajo de esa situación de riesgo, denominado mobbing maternal". "El aborto -dijo- no soluciona estos problemas, sino que los agrava, generando un trauma mayor y consolidando la situación de injusticia social, desigualdad laboral y violencia machista que sufre la mujer".

En cuanto a los partidos políticos, también han sido previsibles las respectivas valoraciones. Para la portavoz del PSOE en la subcomisión, Carmen Montón, el debate ha sido "útil" y demostraría que la legislación vigente es obsoleta. Montón acusó al PP de no tener un discurso claro en este campo "por miedo a un electorado radical", lo que les impediría apoyar la reforma de la ley.

Sin embargo, para los populares, el PSOE se ha conducido con una actitud "cerrada". "Lo que más nos sorprende -dijo Sandra Moneo, portavoz de Igualdad del PP- es que el PSOE haya cerrado los ojos ante una realidad que se ha demostrado día a día en la subcomisión, y es que el aborto crece en nuestro país de una forma alarmante, con cifras verdaderamente escandalosas". Moneo, además, destacó el "fracaso" de las políticas gubernamentales de apoyo a la maternidad. Para el PP, reformar la ley provocará "un incremento del aborto".

En cuanto a los juegos de aritmética parlamentaria relacionados con la propuesta que salga de la Comisión de Igualdad, el Gobierno tiene el control. Es previsible que el PP no firme las conclusiones, al igual que Coalición Canaria y Unió. Es probable que haya libertad de voto en el otro partido catalanista moderado (Convergencia) y en el PNV. Apoyarán al PSOE, probablemente, las izquierdas, Nafarroa-Bai y UPyD.

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