Un 30% de las aproximadamente tres millones y medio de multas de Tráfico que se imponen cada año nunca se llegan a pagar, un porcentaje que aumenta al 75% en el caso de las infracciones de circulación denunciadas por los ayuntamientos, según datos facilitados la Dirección General de Tráfico (DGT).

La DGT tiene en su lista negra a 45 conductores que ostentan en su historial más de 50 sanciones firmes cada uno. Se dan casos sangrantes, como un conductor que acumula ya 92 sanciones firmes que no ha pagado, u otro que ya debe a Tráfico 30.000 euros, entre multas firmes y en trámite.

Entre todos los cuerpos policiales dedicados a la seguridad vial que existen en España -Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Policías Locales- se imponen cada año unas quince millones de multas de tráfico. El procedimiento administrativo actual, farragoso y largo, es aprovechado por miles de morosos para eludir el pago de forma casi indefinida.

Si la DGT consiguiera cobrar todas las infracciones que detecta, recaudaría unos 781 millones de euros cada año, aunque la cantidad final que consigue cobrar es muy inferior. Eso sin contar los importantes gastos que genera el procedimiento administrativo de una multa que al final nadie paga, como las sucesivas notificaciones postales por correo certificado, o la publicación de los edictos en los boletines oficiales, que pueden llegar a costar 700 euros por hoja.

Aunque hay conductores especialistas en litigar y aplazar el pago durante años a través de alguna de las empresas quitamultas que proliferan en el sector, lo cierto es que, según datos de la DGT, el 95% de las denuncias se confirman a favor de la administración y sólo en un 5% se acaba dando la razón al multado.

El bálsamo contra esta situación de colapso administrativo será, según la DGT, el proyecto de reforma del procedimiento sancionador (aprobado el pasado 28 de noviembre) que el Gobierno confía en que pueda entrar en vigor a finales de 2009.

Se trata de simplificar los trámites administrativos para rebajar el tiempo entre la infracción y la sanción, reducir la litigiosidad por motivos de forma y desterrar la "sensación de impunidad" que hay entre muchos conductores poco respetuosos con las normas.

Entre muchas medidas, se premiará el "pronto pago" con un descuento del 40% -ahora es del 30%-, mientras que en los supuestos en los que el infractor ni paga ni hace alegaciones una vez notificada la denuncia, el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y cobrada por la vía ejecutiva. También se revisa el sistema de responsabilidades cuando la infracción se haya detectado a través de radar sin que se haya detenido el vehículo, lo que obliga a identificar al conductor para iniciar el procedimiento. La reforma también abrevia los trámites de las notificaciones y lo hace usando también los medios electrónicos.

Además, los morosos que tengan dos sanciones firmes graves o muy graves sin pagar no podrán renovar el carné de conducir o vender su vehículo hasta que no abonen el importe adeudado.

Con este procedimiento se van a cobrar prácticamente el 100% de las multas. Desde el Ministerio de Interior consideran que el actual procedimiento es excesivamente largo y que el sistema de notificaciones es poco operativo, y por ello ha considerado necesario crear un procedimiento más ágil.

Por otro lado, los radares fijos instalados por la DGT en las carreteras españolas han cazado en el primer semestre de 2008 tantos vehículos como en todo 2007: 575.024 denuncias por exceso de velocidad frente a las 576.202 infracciones detectadas en el conjunto del año pasado.

La instalación masiva de radares fijos casi ha triplicado el número de denuncias, al pasar de 201.393 sanciones en el año 2006, a 576.202 en 2007. De mantenerse esta tendencia, el año 2008 podría acabar con más de un millón de sanciones por exceso de velocidad en radares fijos. Desde 2004, el número de multas por esta imprudencia se han multiplicado por diez.

En los dos primeros años de aplicación del carné por puntos, más del 40% de las sanciones y del 35% de los puntos perdidos han sido por exceso de velocidad, que estuvo presente en el 21% de los accidentes con víctimas ocurridos en las carreteras el año pasado.