Un total de 128.759 mujeres tienen actualmente alguna medida de protección en vigor, según indicó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad en el Congreso, donde presentó el informe de los tres años de aplicación de la Ley de Violencia de Género. Desde el PP, por boca de su portavoz de Igualdad, Sandra Moneo, acusaron al Gobierno de estar instalado en la "autocomplacencia" y criticaron el aumento de las muertes.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, destacó que en ese tiempo 143.672 mujeres pidieron órdenes de protección, de las que se concedieron el 78,5%, lo que supone un total de 128.759 órdenes en vigor.

También indicó Aído que "teniendo en cuenta el aumento de la población" el número de mujeres asesinadas descendió desde la entrada en vigor de la ley, pues se pasó de una tasa del 3'8 por cada millón de mujeres al 3,4. Más concretamente, en lo que va de año fallecieron 31 mujeres a manos de su pareja, frente a las 46 que perdieron la vida en el mismo periodo de 2007.

Aún así, la ministra manifestó que el Ejecutivo "no puede estar satisfecho mientras haya una sola mujer muerta", aunque señala que "es un hecho objetivo e incuestionable que se hayan producido avances en la lucha contra la violencia machista".

La portavoz del PP, Sandra Moneo, criticó la "autocomplacencia" de la ministra y denunció que las cifras demuestran que la Ley "no funciona", porque "no ha cumplido su principal objetivo, que era que el número de mujeres muertas descendiera". La diputada popular aseguró que "el impacto de la norma ha sido escaso", y señaló que "una de cada tres mujeres que murieron el año pasado había denunciado", así como que "la partida presupuestaria destinada por el Gobierno para luchar contra esta lacra es cada vez menor".

Aído se defendió alegando que "la mera formulación de una ley no acabaría por sí sola con la violencia", y que es "imposible que en tan poco tiempo se erradique un problema social tan complejo y profundo", y que además esta norma "es el motor para seguir avanzando". También quiso destacar que el Gobierno realizó "un despliegue institucional sin precedentes" para erradicar esta lacra.

Por último, la ministra pidió que a esta ley "se le de el mismo trato" que se le da al resto de leyes del Código Penal, "del que nadie cuestiona su eficacia aunque se sigan cometiendo delitos". También recordó que la normativa está abierta "a su perfeccionamiento y evaluación", y pidió consenso entre los grupos políticos además de la implicación de toda la sociedad.