Los obispos esperan que la reforma educativa garantice los derechos de los católicos

  • Martínez Camino asegura que un Estado democrático "tiene que facilitar" la práctica efectiva del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias.

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El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, confía en que la nueva ley de educación garantice el derecho de los padres católicos a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, algo que hasta ahora, ha asegurado, las leyes no han facilitado. Durante la presentación de dos nuevas ediciones de La Sagrada Biblia. Versión oficial de la CEE, Martínez Camino ha subrayado que un Estado democrático "tiene que facilitar" la práctica efectiva de este derecho a los padres y al 70 por ciento de los alumnos que piden educación religiosa, con el fin de que "puedan ejercer sus derechos sin dificultades, inconvenientes ni discriminación".

"Nadie tiene nada que temer" de esta situación porque "va a favor de la educación de los jóvenes", según Martínez Camino, quien ha recordado que los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español prevén que "la asignatura de religión debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable a las asignaturas fundamentales". El secretario general de la CEE ha insistido en que "no se impone nada a nadie" porque -ha recordado- la religión es una asignatura de libre opción. "Es el compromiso del Estado" facilitar que "quienes la solicitan libremente puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen".

Por todo ello, el portavoz de los obispos españoles ha expresado su confianza en que finalmente se encuentre una fórmula que responda a estas características "de las cuales nadie tiene nada que temer" porque "no se trata de imponer nada a nadie, sino de que todos puedan ejercer sus derechos de la mejor manera posible". "Es un compromiso público, no es ningún secreto", ha señalado Martínez Camino, quien ha afirmado que el Estado debe regular este ejercicio de los ciudadanos en las leyes.

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