El real decreto que el Gobierno está preparando para garantizar la intimidad de las mujeres que deciden abortar podría entrar en vigor antes de que finalice el año, una norma que será retroactiva y que impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer, protegida con un código secreto.

Así lo anunciaron ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha estudiado este real decreto, que afecta a varios ministerios -Sanidad, Justicia e Igualdad-.

"Absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo", según de la Vega, quien advirtió que "hay cosas que en la realidad no están funcionando bien", y precisó además que no se tiene que añadir "escarnio público" a una mujer que, de por sí, ya afronta con sufrimiento una decisión "complicada, dolorosa y difícil".

Aído explicó que el decreto obligará a todos los centros que ofrezcan esta prestación, tanto públicos como privados, a separar el historial clínico de los datos personales de la mujer que decide interrumpir su gestación, y que serán confidenciales mediante un código secreto.

De esta forma, continuó, en el historial clínico de la paciente no figurará su nombre, ni ningún dato que pueda identificarla, sólo este código que le será entregado a la mujer al inicio de la prestación, y que podrá ser solicitado también por todas aquellas mujeres que interrumpieran el embarazo antes de la entrada en vigor de esta norma.

"Es una cuestión básica evitar de la forma más urgente posible" situaciones como las que se han vivido "en algunas ocasiones", en las que se ha puesto de manifiesto la vulneración de derechos a la intimidad de las pacientes, explicó Aído.

Por otro lado, la norma persigue asegurar criterios comunes de calidad en la prestación de este servicio en las clínicas de todas las comunidades que realizan abortos, entre los que figuran pruebas como las analíticas y ecografías antes y después de la intervención.

Serán también condiciones y criterios comunes a todos los centros la consulta de toco-ginecología; la capacidad para monitorización cardiaca sistemática y el seguimiento post-intervención de las posibles incidencias, que incluirá la necesaria revisión ginecológica.

La ministra de Igualdad puntualizó que el real decreto está aún "en fase de proyecto" y que todavía debe superar una serie de trámites antes de su entrada en vigor, entre ellos la solicitud del visto bueno de las propias clínicas abortistas, con cuyos responsables tiene previsto reunirse con Aído "en las dos próximas semanas". Harán falta también toda otra serie de trámites, como un informe del Ministerio de Administraciones Públicas, el visto bueno de las comunidades autónomas y del Consejo de Estado, entre otros.

De la Vega explicó que con esta norma se pretende que se garantice que el derecho a la intimidad de las mujeres "sea universal", se cumpla "del mismo modo en todos los territorios" y se asegure además "la equidad y la calidad" del acceso de las mujeres a esta prestación.

La vicepresidenta, preguntada también sobre la Ley del aborto y su posible modificación, dijo que se evaluará cómo está funcionando, y si se está "garantizando o vulnerando" la confidencialidad de los datos de las mujeres, y si la prestación se hace "con calidad y equidad" en todo el territorio.

Esta posible modificación, según de la Vega, debería recoger las mejores experiencias del entorno europeo en el ámbito de las leyes de plazos, a fin de ofrecer "más garantías, más seguridad a las mujeres y a los profesionales de la Sanidad". Según fuentes gubernamentales, el Gobierno espera tener un primer proyecto de borrador en el primer semestre de 2009.