La Justicia alemana abrió este viernes un proceso que se prevé tortuoso por la trágica Loveparade de 2010, la gran fiesta al aire libre en la que murieron 21 jóvenes, entre ellas dos españolas, y que dejó más de 650 heridos, en medio de un cúmulo de presuntas negligencias y errores de organización.

Seis empleados de la administración de Duisburgo (oeste), donde se celebraba la fiesta, y cuatro de la empresa organizadora, Lopavent, se sentaron en el banquillo, confrontados a los sesenta representantes de la acusación particular, en su mayoría familiares de víctimas o supervivientes.

El juicio, uno de los mayores de la historia reciente alemana, se abrió con 45 minutos de retraso y, tras la identificación de los implicados -los procesados, sus 32 abogados, más los de la acusación particular y los intérpretes de cuatro idiomas- se sucedieron las interrupciones por problemas técnicos o alegatos de la defensa.

En la sala, habilitada en el centro de congresos de Düsseldorf y con capacidad para 500 personas, había entre el público varios supervivientes y potenciales testigos de un proceso que se prevé largo.

"Si la defensa recurre a la táctica de las demoras prescribirán los cargos", comentó a Efe Paco Zapater, abogado de Tarragona y padre de Clara Zapater, una de las víctimas, muerta junto con su amiga Marta Acosta, ambas de 22 años.

Para las familias, señaló, ya es "suficientemente decepcionante" que entre los acusados no esté el jefe de Lopavent, Rainer Schaller.

"Hemos tenido que superar muchas maniobras dilatorias, incluida la decisión de Duisburgo de no abrir juicio, en abril de 2016, a lo que siguió nuestro recurso", lamentó Gabi Müller, cuyo hijo murió atrapado en el túnel que servía de acceso y salida a la fiesta.

La decisión de celebrar el juicio en la cercana ciudad de Düsseldorf se debe a razones logísticas y de aforo, lo que, según Gerhard Baum, abogado de un grupo de afectados, ha demorado también la apertura del proceso.

A los diez acusados se les imputa homicidio por negligencia y lesiones graves por las 21 víctimas mortales -de edades entre 17 y 28 años y procedentes de Alemania, Holanda, Italia, China y Australia- y los 652 heridos en la fiesta.

"Hay que probar una responsabilidad individual, no colectiva. A cada uno se le imputa su parte en una presunta cadena de errores o negligencias, en la planificación o en la organización", apuntó el portavoz de la Fiscalía, Matthias Breitenstein.

El proceso comienza más de siete años después, tras recurrir la Fiscalía y los familiares la primera negativa a celebrarlo de la Audiencia de Duisburgo, que había escuchado las declaraciones de más de 3.000 testigos y acordó no abrir juicio alegando falta de solidez en el informe en el que se basaba la acusación fiscal, preparado por un experto británico.

Al temor de que pueda llegarse tarde para una primera sentencia -en julio de 2020 se cumplirán diez años de la tragedia y prescribirían los cargos- se une la decepción por no tener entre los procesados ni a Schaller ni al entonces alcalde de la ciudad, Adolf Sauerland, ni el jefe de la Policía local.