Tres multas por exceso de velocidad  le habrían salido al juez Rafael Tirado más caras que su responsabilidad en el caso de Mari Luz Cortés. En dinero, habrían sido los mismos 1.500 euros, pero encima se habría quedado sin carné de conducir. El Consejo General del Poder Judicial saliente se ha despedido con una decisión polémica, multarle por una falta grave   y desatender las peticiones de la fiscalía o de la familia de que las consecuencias fueran mucho más duras para él. Tirado no notificó la pena de prisión impuesta al asesino de la niña onubense de cinco años por un delito anterior; el asesino quedó en libertad y pudo cometer este crimen. El CGPJ le deja de momento el carné de conducir juicios.

Aunque la multa haya sido pequeña, más propia de alocados conductores que de jueces irresponsables, hay que subrayar que el juez Tirado no es el único culpable de que el asesino de Mari Luz andara suelto. También lo es una Administración autonómica que en la pasada legislatura desatendió reiteradamente la cobertura de plazas vacantes en el funcionariado. Fuentes judiciales solventes señalan que con frecuencia pasaban seis meses hasta que se cubría una plaza, sin que hubiese interinos provisionales. La prueba de que la propia Junta de Andalucía es consciente de esas carencias es que en Sevilla se han creado tres nuevos juzgados de lo Penal desde el caso Mari Luz y se ha reforzado el personal en las demás provincias.

Los juzgados de lo Penal están obligados a resolver un determinado número de cuestiones al año y tanto los de Sevilla como los de Málaga superan ese baremo con creces. Pero el juez Tirado, sin duda, se equivocó al no priorizar la comunicación de determinadas sentencias: los de delitos contra la libertad sexual o de violencia de género tendrían que tener ese carácter urgente. En todo caso, la sanción a este juez que entró a formar parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por elección, le supone otras consecuencias muy negativas: con una falta grave no podrá acceder a cargos de designación y ha sido vapuleado por propios y extraños. En todo caso, este asunto no ha terminado, porque habrá recursos, del propio juez y de la fiscalía. Y será el nuevo Consejo, que toma posesión el día 23, el que tenga la última palabra. Esa es una mala noticia para Rafael Tirado, porque se considera al nuevo CGPJ particularmente partidista y tanto Zapatero como Rajoy han lamentado la suavidad de la sanción.

El nombramiento de los 20 nuevos miembros del nuevo Consejo ha sido muy criticado: la presencia de antiguos diputados, senadores o viceministros le da un tinte partidista algo injusto, porque no estamos ante algo diferente de lo que ha habido en ocasiones anteriores. Sin embargo, la votación mecánica según la directriz del partido que ha nombrado a cada miembro del CGPJ, hace que este órgano se haya convertido en prescindible. Ignacio Camacho escribía el otro día en Abc que “la justicia española sería igual de lenta e ineficiente si no existiese el Consejo General del Poder Judicial, pero al menos saldría más barata”. Con una comisión parlamentaria y una subdirección general sustituía mi colega las funciones desempeñadas por el Consejo en la actualidad.

Entre los encargados de sacar al CGPJ de su desprestigio hay cuatro jueces andaluces. Dos propuestos por la progresista Jueces para la Democracia: Inmaculada Moltalbán, nacida en Iznalloz en 1959, que ha ejercido en Almería, Valencia y en el Contencioso de Granada; y Miguel Carmona, nacido en Madrid en 1946, que ha sido presidente de la Audiencia de Sevilla durante tres mandatos y antes ejerció en Bollullos del Condado y Carmona. Uno propuesto por la centrista Francisco de Vitoria, el granadino Manuel Torres Vela (1955), que ha sido presidente de la Audiencia de Málaga y ahora presidía su sección cuarta, y ha ejercido en Estepa, Roquetas y Úbeda. Y el cuarto, propuesta por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pío Aguirre, nacido en Jaén en 1951, que ha sido presidente de la Audiencia jiennense desde 1999 y ha ejercido en Ceuta y Villacarrillo. Los cuatro suponen una quinta parte del órgano de gobierno de los jueces. Tienen trabajo por delante.