Rute fue ayer el escenario elegido por los responsables socialistas de las diputaciones de Córdoba, Jaén, Granada, Huelva, Sevilla y Cádiz para celebrar la reunión de coordinación que periódicamente mantienen los representantes de los entes provinciales. El uso de remanentes de crédito o las liquidaciones presupuestarias fue uno de los temas que analizaron en este encuentro.

Como anfitrión de la cita se erigió el presidente de la Diputación cordobesa y, a la postre, alcalde de Rute, Antonio Ruiz, quien exigió que "los recursos estén a disposición de los ayuntamientos para poder invertirlos". A su juicio, es necesario que estos recursos no tienen por qué estar "dedicados por ley a cancelar más deuda anticipadamente o, incluso, en los ayuntamientos donde no hay deuda, que tengan que depositarse en los bancos sin poder invertir en la mejora de la calidad de vida y el empleo de los municipios". A su juicio, "es hora ya, una vez que los ayuntamientos han hecho sus deberes y tienen sus planes de saneamiento a los que se ajustan y están cumpliendo con los objetivos de estabilidad y morosidad, de que los que consiguen tener más ahorro del previsto y tienen superávit, tengamos la libertad para utilizar estos recursos públicos en inversión en los propios municipios". En esta línea, Ruiz incidió en que "no es de recibo que haya ayuntamientos que no tienen deuda con entidades financieras y que tengan que tener su superávit guardado en los bancos a plazo fijo sin poder invertirlo en el bienestar de sus vecinos". Así, anunció que "en 2016 se prevé que los superávit de la Administración Local alcancen los 4.500 millones de euros". Se trata de una cuantía, continuó, que "correspondería a un plan de inversión en el mundo local en España como fueron los Planes E".

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos -máximo responsable de la Diputación de Sevilla-, también acudió al encuentro y anunció que hoy va a pedir al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que se amplíe el plazo para que los ayuntamientos paguen su deuda con la Tesorería de la Seguridad Social y que se habilite una normativa que dé cobertura a la aplicación del superávit 2016 de las entidades locales, de forma que se contemplen nuevos supuestos a los que se puedan destinar estas partidas presupuestarias. Sobre la mesa del encuentro, que se celebra este mediodía en Madrid, estará la reivindicación de que se amplíe el plazo para que los consistorios que tienen deuda contraída con la Seguridad Social y Tesorería puedan hacer efectiva la devolución. "Si es así no va a haber ningún tipo de problema, si no lo hace sí va a haber problema porque los ayuntamientos no pueden pagar, no es que no quieran", advirtió. "¿Por qué tenemos que soportar esa carga los ayuntamientos?, ¿por qué no lo hablamos?", planteó el responsable de la FAMP. En esta reunión también se planteará que el superávit de los ayuntamientos pueda destinarse no sólo a inversiones, sino también a planes de empleo. "Es la única inversión que hay ahora mismo en los pueblos y nos daría la autonomía que por ley tenemos", reivindicó Rodríguez Villalobos, quien consideró que "quienes representan la voz del pueblo son quienes mejor saben las obras e inversiones que sus vecinos demandan". "Acudo a esta cita confiado de encontrar sensibilidad y flexibilidad en el secretario de Estado a las demandas financieras más urgentes para los municipios a los que represento", insistió y añadió que "precisamente porque se trata de un político con una amplia trayectoria municipalista, estoy convencido de que vamos a entendernos".

A la reunión de Rute también acudieron la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García; su homólogo en Huelva; Ignacio Caraballo; el de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; y el de Granada, José Entrena.