La subvención de 40.000 euros concedida por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) a la Fundación Guadalquivir Futuro, afín al PSOE y cuya acción se encuentra bajo la lupa de la Justicia, causó ayer un seísmo en el Palacio de la Merced. Y todo ello después de que el portavoz del PP, Andrés Lorite, anunciara "acciones judiciales" ante "la falta de información y el oscurantismo político" del cogobierno sobre este expediente. Aunque la oposición pudo acceder al fin a los documentos, Lorite avisó de que "llegará hasta el final, pese a quien le pese, hasta que se esclarezcan todos los datos y sepamos a ciencia cierta dónde han ido los 40.000 euros otorgados por la Diputación".

A primera hora de la mañana, Lorite calificaba de "inconcebible" no haber recibido la información; la solicitud se formalizó el pasado 27 de diciembre y la ley -argumentó- marca cinco días como máximo para responder. "Resulta sospechoso que nos oculten los nombres y las nóminas de las dos personas que han sido contratadas por la fundación", dijo. El presidente de la organización, Cristian Menacho, ya exsecretario de las Juventudes Socialistas de Córdoba, declaraba la semana pasada ante el juez en calidad de investigado por presuntas mordidas a las ayudas a los desempleados.

El Instituto Provincial de Bienestar Social concedió 40.000 euros a la organización

Lorite alertó de que el "oscurantismo de información es una constante en el gobierno provincial, prueba de ello es que después de que se creara una comisión de seguimiento para abordar la justificación de la ayuda a la fundación se nos negó participar en la misma como observador". "Como principal partido de la oposición, nos están impidiendo fiscalizar la acción del Gobierno", insistió.

El portavoz popular calificó de "curiosa" la manera en la que se aprobó la concesión de esta ayuda en el seno del IPBS, pues -explicó- "se aprobó en el consejo de 12 de abril y la fundación registró la documentación solicitando la subvención un mes más tarde, es decir, el 13 de mayo". Lorite se preguntó por los motivos que han llevado al PSOE a ocultar los nombres de los dos trabajadores que se han contratado con el dinero de la institución e insistió en que su grupo "llegará hasta el final para que esclarezcan los datos y no haya dudas sobre la justificación de estos fondos".

Hubo respuesta rápida. El viceportavoz del PSOE en el Palacio de la Merced, Antonio Rojas, reconoció que, efectivamente, el 27 de diciembre el PP solicitó por escrito información sobre las nóminas de los trabajadores que la Fundación Guadalquivir Futuro tiene contratados en virtud al convenio con la Diputación y que "a partir de ese momento, se requirió a los servicios jurídicos informe al respecto para conocer si esta información, al contener datos personales de terceros, podían ser hechos públicos".

"Una vez conocida la respuesta de dichos servicios jurídicos, se ha facilitado la información correspondiente al PP", añadió Rojas, quien aseguró que "toda la información, que desde el pasado 2 de noviembre ha requerido el grupo popular con respecto a la Fundación Guadalquivir Futuro, ha sido facilitada en tiempo y forma". El PP difirió significativamente respecto a esta última afirmación de Rojas.

"Ninguna información ha sido remitida a las dependencias del PP sobre este asunto", sino que fue el propio Lorite quien "se trasladó personalmente después de la rueda de prensa a la sede del Instituto Provincial de Bienestar Social, ubicada en la calle Buen Pastor, para exigir la documentación a la gerente del organismo, amparándose en el derecho a la información de los grupos políticos de la corporación". "Gracias a las presiones del PP, hemos podido tener acceso a un expediente que tendremos que analizar para ver si su contenido da respuesta a la información solicitada el pasado 27 de diciembre", explicó la oposición en un comunicado remitido a los medios ayer por la tarde.

En todo caso, explicaron que si el cogobierno había solicitado a los servicios jurídicos un informe para conocer si esta información era accesible, "debería haber contestado por escrito que la documentación no se iba a recibir hasta que se emitiera el pertinente informe".