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El Juzgado archiva la causa penal contra el expresidente del Consorcio de Bomberos

  • El procedimiento penal se centraba en un presunto delito de prevaricación y de usurpación de funciones públicas

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Posadas ha concluido que no hay indicios de delito en la actuación del expresidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación, Fernando Expósito, en relación a la suscripción de una póliza de crédito para el Consorcio en 2011, por lo que ha archivado el procedimiento penal abierto contra él y contra el exgerente del consorcio, Antonio Navarrete, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y usurpación de funciones públicas.

Así lo ha resuelto el citado juzgado maleno en un auto que se produce después de que, previamente, el fiscal pidiera el "sobreseimiento de la causa", al apreciar que en la actuación de Expósito y de Navarrete "no hay indicios suficientes de la perpetración de hecho delictivo alguno", en contraposición al criterio del anterior gobierno del PP en la Diputación, que presentó en su momento una denuncia, precisamente, ante la Fiscalía.

Según recoge el auto, los hechos que motivaron el procedimiento, ahora archivado, "se basan en unas supuestas irregularidades relativas a la obtención de una póliza de crédito a corto plazo por el Consorcio" de Bomberos en 2011, en cuanto al supuesto "incumplimiento del pliego de condiciones" para la contratación de dicha póliza. Así, el mencionado pliego "establecía de forma imperativa que la operación no conllevaba comisión alguna o gasto y, sin embargo, se aceptó una oferta" de un banco "que llevaba un comisión de apertura de un 0,25% y un 0,25 trimestral sobre el saldo medio dispuesto".

A ello se suma, según recoge la resolución judicial, que "la póliza fue firmada por quien, en principio, no ostentaba funciones de fedatario público" pues, "concretamente, la firma se estampó por parte del (entonces) gerente del Consorcio, en lugar de por el secretario del organismo", razón por la que "el objeto de la denuncia se centró en investigar un posible delito de prevaricación y usurpación".

Sin embargo, "tras la práctica de las diligencias necesarias y suficientes para el esclarecimiento de los hechas, el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, al aducir que puede haberse incurrido en una irregularidad administrativa a la hora de contratar la póliza, pero en ningún caso sería constitutiva de delito".

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