La Junta lleva al Tribunal Supremo la anulación de las normas urbanísticas

  • Francisco García Delgado señala que ya han solicitado la admisión del recurso ante el Alto Tribunal y asegura que se "aplicarán los mecanismos" para no frenar la expansión territorial del municipio

La Consejería de Obras Públicas ha iniciado la tramitación del recurso ante el Tribunal Supremo (TS) con el que quieren frenar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que deja en suspenso todo el planeamiento urbanístico del municipio de Rute. El delegado de Obras Públicas, Francisco García Delgado, ha explicado a el Día que "los servicios técnicos han hecho su trabajo y hemos presentado, como es preceptivo, la solicitud de interposición del recurso de casación". Esta petición se cursó ayer mismo, por lo que ahora será el Alto Tribunal el que decida si procede la admisión a trámite del recurso de la Junta.

El TSJA resolvió anular todas las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Rute después de una denuncia de la Asociación Amigos de las Pozas (Acapo), un colectivo vecinal contrario a que en este paraje de la localidad se permitieran nuevas infraestructuras industriales. El TSJA señala que la simple relación de trámites y actuaciones que se llevaron a cabo "evidencian el desorden y las gravísimas irregularidades" que se sucedieron durante la revisión de las Normas Subsidiarias de Rute. La sentencia contra la Consejería de Obras Públicas se dictó el 6 de noviembre.

En un primer momento, el alcalde de Rute, Francisco Javier Altamirano (IU), confió en que la Junta interpondría un recurso a esta decisión, a la vez que dijo que con esta apelación se evitarían consecuencias. El delegado de Obras Púbicas en Córdoba ha resaltado "la buena sintonía" entre su departamento y el Consistorio ruteño, "ya que a ambos nos une el mismo interés", dijo Francisco García Delgado.

El alcalde ruteño ya comentó que una posible salida a este conflicto sería la de presentar el citado recurso y, mientras decide el Supremo, avanzar en la redacción de una Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). No obstante, el regidor insistió en que no habrá una paralización del desarrollo urbanístico local. En el mismo sentido, García Delgado apuntó ayer que "no hay paralización urbanística" en Rute y que "se buscarán los mecanismos posibles" para garantizar el avance del municipio.

Acapo agrupa a unas 40 familias -250 personas- que viven en Las Pozas y su visión de lo dictado por el TSJA es muy diferente a la de la Junta y el Ayuntamiento, puesto que piensan que se ha puesto freno a "una barbaridad urbanística". Sobre las repercusiones que podría acarrear esta sentencia, el portavoz de Acapo, José María Sánchez, afirmó con rotundidad que "nosotros no queremos que se demuela nada, simplemente nos oponemos a que en Las Pozas se permita, porque no lo queremos, un polígono industrial", dijo recientemente.

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