La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha impuesto una multa de 167.597 euros a la Diputación de Córdoba por la extracción de áridos del cauce del Guadalquivir en Almodóvar del Río durante la polémica ejecución de la reforma del puente de la CO-3313, que conecta con Guadalcázar. La obra empezó durante la etapa del PP en el Palacio de la Merced, con Andrés Lorite como diputado provincial de Infraestructuras, aunque fue cuando el cambio de gobierno ya se había producido y, teóricamente la intervención ya había finalizado, cuando un vecino denunció que los trabajos en el cauce continuaban y que "una empresa que trabaja para la Diputación estaba sacando y vendiendo la grava y la tierra" y pasando por sus tierras, tal y como consta en el documento que el particular registró en el Ayuntamiento cuco en octubre de 2015, al que ha tenido acceso el Día.

El Consistorio trasladó el escrito al nuevo equipo de gobierno de la institución provincial y, de manera paralela, el arquitecto municipal certificó el 11 de noviembre que, efectivamente, se estaban extrayendo áridos del río "sin licencia municipal y sin autorización de la CHG". El técnico estimó en unos 20.000 metros cúbicos la grava extraída, un volumen que, conforme a la base de costes de la construcción publicada por la Junta de Andalucía para el año 2014, podría tener un valor superior a los 75.000 euros. La CHG concreta los trabajos para la reposición de los áridos en 50.279 euros, un desembolso que también deberá realizar la Diputación. Así, la factura total ascenderá a 217.876 euros.

Tras aquella inspección, la alcaldesa, María Sierra Luque (IU), decretó la "inmediata suspensión de los actos en ejecución" y advirtió al promotor de que, si no atendía la orden, la administración local podía retirarle la maquinaria pesada y los materiales, imponer "sucesivas multas coercitivas" e incluso llevar el caso ante la Fiscalía por una presunta responsabilidad penal. El empresario, el mismo que había hecho la obra del puente, negó ser el responsable y el Ayuntamiento identificó entonces a la Diputación -que desconocía los trabajos- como responsable de la extracción. El equipo de gobierno ya ha anunciado que recurrirá a la vía contencioso administrativa.

La polémica no quedó ahí. Pese a que el puente sobre el Guadalquivir había sido objeto de obras de urgencia con el PP y había sido inaugurado, a raíz de la comunicación del Consistorio, el Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, en manos ya del socialista Maximiano Izquierdo, advirtió de nuevo del posible colapso de la infraestructura. El motivo esta vez era que la erosión provocada en el lecho del cauce había dejado al descubierto la cimentación de las pilas y los encepados y pilotes de cimentación profunda. La Diputación optó por limitar el paso por la carretera CO-3313 a vehículos con peso superior a las 16 toneladas. Cooperación con los Municipios resolvió la "tramitación de emergencia" del expediente y liberó 50.000 euros de crédito para los nuevos trabajos.

La actuación de maquinaria pesada en el cauce, sin embargo, nunca había cesado. Así, la Policía Local volvió a certificar que "dos excavadoras y varios camiones" continuaban con la extracción de áridos, que transportaban a una planta de tratamiento sin contar con la preceptiva autorización de la CHG. Días más tarde, el Ayuntamiento decretó la suspensión de las obras e identificó como promotor al empresario que había ejecutado los trabajos en el puente. Éste volvió a negar ser "promotor de ninguna extracción de áridos u otra obra" y citó que trabajaba "por cuenta de la Diputación". El 22 de abril de 2016, la institución provincial solicitó la "legalización" de la extracción de áridos, con volumen de 4.032 metros cuadrados, y su depósito en la zona de policía de la margen derecha del cauce.