No va a dimitir. El subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, aseguró ayer con firmeza que no va a dejar su cargo a pesar de la petición que hizo el pasado miércoles la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (Facca) por la muerte de José Reyes González, tiroteado el 9 de noviembre en Bujalance.

"Es lógico y comprensible que los familiares se manifiesten porque están en una fase de dolor", consideró Ruiz, quien hizo un llamamiento a la población de Bujalance para que mantenga "la calma, la tranquilidad y la responsabilidad en estos días de duelo", donde es fácil "que se caldeen los ánimos". El subdelegado incidió en que la Guardia Civil "llevamos años en Bujalance intensificando sus actuaciones para prevenir el delito" y que en todo este tiempo "hemos tomado medidas contundentes y hemos actuado de forma clara incluso en momentos con problemas".

"Se ha producido un delito y la Guardia Civil ha iniciado la búsqueda del autor de los hechos y, en eso estamos", apuntó. Ruiz aseguró también que todas las fuerzas de seguridad están trabajando para localizar al supuesto homicida R. H. C., alias Rafi, y ponerlo a disposición judicial. Subrayó también la importancia de confiar en el trabajo que lleva a cabo la Guardia Civil, "que es la más interesada en detener a esta persona y ponerla a disposición judicial".

Mientras las fuerzas de seguridad del Estado se vuelcan en la búsqueda del prófugo, ayer llegaron las primeras reacciones políticas tras el crimen de José Reyes. El secretario general del PP en Córdoba, Federico Cabello de Alba, advirtió que su partido estará "muy pendiente" de todo cuanto acontezca y exigió al subdelegado "que sea explícito en sus declaraciones" y que "depure responsabilidades, si las hay".

La ineficacia mostrada por los responsables gubernamentales para averiguar el paradero de R. H. C. y la posible descoordinación entre las fuerzas de seguridad estallaron el 9 de noviembre en Bujalance, con los disparos que hirieron mortalmente al vecino de la barriada de Santiago. La Subdelegación, sin embargo, no se puso manos a la obra para aclarar la identidad del presunto homicida hasta que a José Reyes le sobrevino la muerte. Y sólo tres días más tarde del fallecimiento reconoció ante la opinión pública que el sospechoso es un prófugo desde marzo de 2006.

Cabello de Alba fue ayer cauto al realizar una valoración política de los hechos, pero requirió al gabinete de Ruiz que "tome todas las medidas necesarias para encontrar al sospechoso y actúe con la mayor diligencia posible". El responsable del PP confió en que "cuanto antes se solucione la situación en todos los sentidos" y no dudó en requerir que "se depuren responsabilidades".

"Las declaraciones del subdelegado han sembrado de nuevo la alarma en la familia de la víctima", lamentó Cabello de Alba, quien apostó por que "la sociedad tenga la certeza de que la actuación de la Administración esté a la altura de las circunstancias". El miércoles, Ruiz no confirmó si después de que se produjera el tiroteo mortal la Guardia Civil logró arrestar al presunto homicida y que se le escapara una vez esposado. Tampoco aclaró si el sospechoso tuvo el teléfono intervenido pero una posterior orden de la autoridad judicial consideró innecesarias las escuchas.