La Guardia Civil es, desde hace años, la institución del Estado de Derecho más valorada por los españoles. Incluso en Cataluña, donde los intereses de los nacionalistas han terminado por dibujar una realidad alternativa, el Instituto Armado sigue a la cabeza de los organismos que más confianza generan entre los ciudadanos, por encima incluso que los Mossos. Así lo dicen, uno tras otro, los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por encima de la clase política en reconocimiento y prestigio.

Una situación que, sin embargo, dista mucho de la situación en la que viven muchos de esos agentes que a diario patrullan los caminos y vigilan los olivares de nuestros municipios. El viernes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) hacía público un estudio de la Dirección General de la Policía que desvelaba que apenas el 40% de los 644 pabellones-vivienda del Instituto Armado en la provincia de Córdoba se encuentran en buen estado. Lo reconoce el propio Ministerio de Interior en respuesta a una consulta efectuada por el diputado de Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, que de hecho es integrante de la Benemérita.

El mal estado en que se encuentran los acuartelamientos es una denuncia histórica de los propios agentes de la Guardia Civil a través de sus organizaciones profesionales, pero el estudio de Interior cuantifica al fin el problema. Y las cifras son contundentes: únicamente el 41% de los pabellones está en buen estado. El 59% restante se distribuye de la siguiente forma: el 35% está "regular"; el 12,5% se halla en una situación "mala o deficiente" y el último 11,5% es directamente "inhabitable o no utilizable".

Y no hablamos de edificios administrativos o de pabellones para usos auxiliares, sino de las propias viviendas de los agentes, muchas veces destinados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen. Habrá quien diga que, como el resto de trabajadores, estos funcionarios tienen la posibilidad de buscarse un alojamiento por sus propios medios, aunque es de recibo reconocer la idiosincrasia de este cuerpo, próxima al régimen militar; los salarios sensiblemente más bajos de los guardias frente a los que disfrutan los integrantes de otros cuerpos, y la seguridad que han de disfrutar como garantes del orden público en una sociedad que hasta hace pocos años tenía en el terrorismo de ETA una de sus amenazas más tangibles.

En una provincia como Córdoba, eminentemente rural, resulta incomprensible que se conserven acuartelamientos decimonónicos no ya en la apariencia externa, sino en las condiciones de habitabilidad que ofrecen. Y no es necesario realizar un estudio en profundidad, como éste del Ministerio de Interior; es suficiente con darse un paseo por algunos municipios cordobeses para ser conscientes de esta situación. Ahí podrá surgir otro problema: con algo de suerte, las dependencias estarán abiertas, pues apenas la mitad de los 50 puestos del Instituto Armado en Córdoba tienen un horario fijo de atención al ciudadano y, de estos, sólo siete abren durante las 24 horas del día, consecuencia de la precariedad que atenaza al cuerpo.

Volviendo al inicio de esta reflexión, todo esto ocurre pese a que la Guardia Civil se mantiene año tras año como la institución del Estado más valorada por los ciudadanos de a pie, resultado del buen trabajo que desempeña, en ocasiones con medios precarios. La situación es paradójica, pues da la sensación de que los poderes públicos que deben velar por la excelencia en el cuerpo son los que menos lo valoran.