palma del río

Un total de 45 personas irán a juicio por los distintos desalojos de Somonte

  • El juez de Posadas agrupa en una única causa todos los procedimientos y celebrará la vista oral el 27 de octubre

  • La Guardia Civil denunció el viernes a otras ocho personas en la finca

Una pintada en uno de los edificios que componen la propiedad de la Junta de Andalucía.

Una pintada en uno de los edificios que componen la propiedad de la Junta de Andalucía. / rafael morales

Un total de 45 personas se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo mes de octubre por las distintas ocupaciones de la finca de Somonte, en el término municipal de Palma del Río. La última actuación de la Guardia Civil en estos terrenos públicos propiedad de la Junta de Andalucía se produjo el pasado viernes a primera hora de la mañana por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas y resultaron denunciadas ocho personas.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró en Somonte el 11 de marzo de 2012, como reacción al anuncio de la Administración autonómica de subastar las tierras. "Somonte es una finca pública que no estaba en producción y que la Junta pretendía malvender, como había hecho antes con muchas otras fincas del patrimonio agrario público andaluz", recordó esta semana el SAT. Actualmente, sus 400 hectáreas están sembradas. Según el SAT, de las 20.000 hectáreas públicas que inicialmente poseía la Junta, se habría pasado a unas 5.000 como consecuencia de "procedimientos de subasta que las han llevado a manos de especuladores y terratenientes que las usan para cultivos con transgénicos, biodiesel o para beneficiarse de las ayudas europeas".

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) detallaron que, precisamente, fue la Administración autonómica la que el pasado 21 de junio solicitó al juzgado, de nuevo, el desalojo de finca, y así se remitió a la Guardia Civil. A los notificantes les fue notificado el auto el jueves por la tarde; el viernes por la mañana, los agentes fueron atendidos por el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina; junto a él había otras siete personas. Todos ellos están citados para el martes, 4 de julio, a las 11:15 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas como responsables de un presunto delito de usurpación.

Será después de esa citación cuando los trabajadores vuelven a reunirse para abordar su futuro en Somonte. Una de las personas que habitualmente reside allí, Antonio González, advirtió de que, aparte de cultivos, en la finca hay animales vivos que requieren de cuidados, sobre todo en periodo de temperaturas altas. Las dependencias, no obstante, se encuentran precintadas.

A los 53 días de producirse la primera ocupación, los integrantes del SAT fueron desalojados, ya que carecían de permiso para ello. A pesar de aquel primer contratiempo, regresaron en días posteriores obviando la resolución judicial. En el Juzgado de Primera estaba previsto que se celebrase a mediados del pasado junio el juicio por aquella intromisión irregular, en la que están imputadas 20 personas. Sin embargo, la vista quedó suspendida, entre otros asuntos, porque el juez no citó a los investigados, como detalló el secretario de organización del SAT, José Caballero.

Por tanto, la sesión se ha trasladado al 27 de octubre. La decisión judicial ha sido acumular todas las causas abiertas con el mismo origen, por lo que el número de citaciones se eleva a 45. A los desalojos de 2012 y de esta semana, se unen al menos otros dos, ejecutados el 2 y el 20 de junio de 2016. En este último procedimiento fueron imputados el diputado de Unidos Ganemos Diego Cañamero y a la parlamentaria andaluza María del Carmen García Bueno.

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