Los municipios de la provincia que acogen en su término un embalse o una central hidroeléctrica se repartirán este año 2,7 millones de euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de categoría especial por albergar dicha infraestructura, lo que significa un incremento de 1,2 millones de euros respecto a lo percibido en la campaña de 2007. Este incremento ha sido posible gracias al acuerdo al que ha llegado la federación nacional que agrupa a esos municipios -y que en Córdoba cuenta con 18 ayuntamientos- y la Dirección General del Catastro.

"Hemos conseguido que se revisaran los valores catastrales de esas infraestructuras que eran muy antiguos y en algunos casos hasta ridículos", resaltó el diputado socialista Antonio Sánchez Villaverde, que también es vicepresidente de ese colectivo que nació en 1995 después de que el Gobierno liberara del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los gestores de esas infraestructuras. "El Gobierno parece que no pensó que de esa manera se perjudicaba a los municipios. Así que no nos quedó más remedio que constituir la federación y trabajar por cobrar el IBI a las gestoras de los embalses y las hidroeléctricas", apostilló. Sánchez Villaverde recordó que en un principio se logró una subida del tipo impositivo del 0,6 al 1,3 "lo que aseguró el doble de ingresos, pero aún los valores catastrales estaban muy anticuados".

El también alcalde de Montoro, que realizó las apreciaciones en un receso del encuentro que la federación mantuvo ayer en la Diputación, relató que "con la última revisión catastral hay municipios que han visto incrementado esos ingresos por IBI especial hasta en un 58%, como Hornachuelos, o en un 52%, como Iznájar".

En el encuentro, los ayuntamientos llegaron a una serie de conclusiones que pretenden que sean incluidas en el Acuerdo Andaluz del Agua, como solicitar a la Agencia Andaluza del Agua su participación "en los órganos de decisión" y "que se actualicen los datos de las zonas inundables".