La Agencia Provincial de la Energía firmó ayer un convenio con 39 ayuntamientos cordobeses de municipios menores de 10.000 habitantes para la puesta en marcha de planes de actuación energética municipal. Según adelantó el delegado de Innovación de la Junta en Córdoba, Andrés Luque, "estos planes permitirán un ahorro anual de consumo energético en el alumbrado público y en edificios municipales del 20% y la inversión para realizarlos se amortizará en tres años".

Para ello, la Agencia Provincial de la Energía ha recibido una subvención de la Consejería de Innovación de 106.802 euros. "La inversión total supondrá 213.604 euros, de los que el 50% correrá a cargo de la Junta [merced a esa subvención], el 30% a la Diputación y el 20% restante a los propios ayuntamientos", añadió.

"Se trata de dar una respuesta a los ayuntamientos respecto a sus demandas de la necesidad de establecer políticas de ahorro que compensen el incremento del consumo", insistió la presidenta de la Agencia Provincial de la Energía, Pilar García. La también diputada provincial de Medio Ambiente destacó que los planes rubricados por los ayuntamientos incluyen en cada localidad la confección de un inventario de los centros de control y mando del alumbrado, semáforos y de la red eléctrica pública, además de analizar las tarifas y de hacer un diagnóstico energético de las instalaciones y dependencias municipales. "Todo ello contribuirá a diseñar actuaciones concretas de mejora en los distintos sectores de ahorro energético", agrega el propio convenio firmado.

El plan de optimización analizará asimismo las alternativas de mejora en la eficiencia energética que pueden aplicarse por parte de cada uno de los ayuntamientos, incluyendo la posible utilización de fuentes de energía renovable como la térmica, la fotovoltaica o la biomasa. Para cada alternativa analizada se valorará la rentabilidad económica y el impacto medioambiental de la misma.

La Agencia Provincial de la Energía será la encargada de elaborar cada uno de los planes de optimización, si bien los consistorios deben poner a disposición del organismo dependiente de la Diputación a técnicos para asesorarles en el estudio y en el reconocimiento de las instalaciones electrotécnicas y edificios. Además, para una mejor coordinación y seguimiento de los proyectos se creará una comisión se seguimiento y control que estará compuesta por dos miembros de cada una de las partes implicadas en el convenio. Luque destacó que estos planes públicos deben servir como ejemplo para impulsar el ahorro energético privado.