"Los juicios por causas en la que los presuntos agresores son menores se convocan con mayor rapidez que aquellos otros en los que los encausados son adultos". Así lo destacó ayer a El Día la delegada provincial de Justicia, Mercedes Mayo, para puntualizar que se celebrará, "como muy tarde, en nueve meses" la vista en la que se debe sentenciar a tres de los cinco menores que, acompañados de un mayor, presuntamente violaron a una niña de 13 años en Baena el pasado 2 de julio y que han ingresados en centros de internamiento de la Junta de Andalucía ubicados en Córdoba, Sevilla y Granada. Mayo destacó que las medidas cautelares que les ha impuesto el Juzgado de Menores a los presuntos violadores son de seis meses de internamiento "con otros tres prorrogables y lo más normal, como ocurrió con el procedimiento de los menores de Lucena [que mataron a un mendigo después de quemarlo vivo para grabarlo por un móvil], es que el juicio tenga lugar antes de que se consuma ese plazo". El Juzgado de Menores dictó para los tres -de entre 14 y 17 años- régimen semiabierto, mientras que los otros dos menores implicados quedaron en libertad con orden de alejamiento respecto de la menor. Uno de ellos por padecer minusvalía y el otro por no estar en edad imputable al contar con 13 años. Otro juzgado decretó prisión incondicional para el adulto que presuntamente participó en las violaciones, A. C. R, de 21 años.

La delegada justificó el internamiento en régimen semiabierto de los tres menores en que "es posible, ya que la calificación provisional del Ministerio Fiscal [que no la definitiva] en el auto de medidas cautelares ha sido como abusos continuados y no como violación. No obstante, eso no quiere decir que estén en la calle, porque no lo están", sentenció. La responsable autonómica de Justicia indicó que el régimen de la medida cautelar puede cambiar. "Dependerá de los técnicos de los equipos psicosociológicos que los llevan y que analizarán sus evoluciones y comportamientos", relató.

Los padres de la niña ya han reiterado su deseo de que no queden impunes "de ninguna de las maneras" esos hechos que tuvieron lugar en un patio interior de un bloque de pisos ubicado en uno de los laterales del Polideportivo Municipal de Baena -donde supuestamente cuatro de los presuntos agresores consumaron aproximadamente a las 17:30 de ese 2 de julio su violación- y en los vestuarios de la piscina municipal, donde presuntamente hicieron lo propio los otros dos implicados algo más tarde. Todo ello después de que su ex novio -uno de los arrestados- le chantajeara con enviarle a sus padres un vídeo en el que ambos mantenían relaciones -y que fue grabado sin el consentimiento de la menor- si no accedía a mantener las relaciones con todos y cada uno de los componentes de ese grupo.

El debate sobre lo que debe dictar el juez respecto a los menores está en la calle. De ello están hablando prestigiosos expertos en la materia como el psicólogo clínico y primer Defensor del Menor, Javier Urra, quien advirtió en declaraciones a Europa Press de que la frontera entre el bien y el mal "se está difuminando" para cada vez más jóvenes y niños, "como los que presuntamente violaron a la niña de Baena", afirmando que si los culpables no reciben un castigo severo, "el riesgo de que uno de ellos viole de adulto, es altísimo" . Urra incidió en que se debe distinguir entre la conciencia, la responsabilidad y la imputabilidad en casos como éste, ya que si bien a partir de los siete años de edad "uno es consciente de todo lo que hace", eso no significa que sea responsable de sus actos, ni que los mismos le sean imputables. "Cada vez nos llegan más casos de estos y con chicos cada vez más jovencitos que siguen pensando que no han hecho nada malo", apuntó Urra, para incidir en que esto revela "un problema mucho más grave para la sociedad: una especie de nube tóxica que envuelve a algunos jóvenes y niños impidiéndoles discernir entre el bien y el mal". En los mismos términos se pronunció el director del Centro Psicopedagógico Área44, Juan José Millán, quien defendió la educación sexual y los castigos proporcionados y ejemplarizantes como vías para evitar sucesos como el de Baena. Uno y otro abogaron por rebajar la edad mínima para ser imputado, que actualmente está en los 14 años.