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Aquel maravilloso presupuesto

  • La Diputación está inmersa en la negociación de las cuentas del próximo 2018, aunque todos dan por hecho que habrá diferencias irreconciliables y el acuerdo, por tanto, no llegará

Salvador Blanco, Antonio Ruiz y Felisa Cañete, el 22 de diciembre de 2015, el día del acuerdo 'histórico'.

Salvador Blanco, Antonio Ruiz y Felisa Cañete, el 22 de diciembre de 2015, el día del acuerdo 'histórico'. / el día

El 22 de diciembre de 2015 quedará marcado en las actas de la Diputación de Córdoba como el día en el que, por primera vez en la historia de la institución provincial, el presupuesto fue aprobado con la unanimidad del Pleno. Visto con la perspectiva del tiempo, aquella jornada parece digna de un prodigio, algo así como el resultado de una extraña alineación de los astros que llevó a los diputados del PSOE, el PP, IU, Ganemos y Ciudadanos a ponerse de acuerdo por primera vez en algo tan serio como el destino del dinero público. Pocos protagonistas han cambiado desde aquella sesión -el representante de Ciudadanos por la demarcación de Córdoba capital es ahora José Luis Vilches; el socialista Francisco Juan Martín está de baja desde hace meses, y al popular Fernando Priego lo relevó hace algo más de un año la también egabrense Cristina Jiménez-, pero el contexto es otro y se ha producido un evidente cambio de mentalidad y de estrategia en los grupos mayoritarios.

El principal y más evidente, el fortalecimiento de la figura del propio presidente. Antonio Ruiz se convertía en máximo responsable de la gestión en el Palacio de la Merced como secretario de Organización del PSOE cordobés y como primer edil de Rute, una Alcaldía que lidera sin mayoría absoluta. En esta tesitura, su primer presupuesto en la casa palacio se convertía en una prueba de fuego para medir su capacidad de liderazgo y de cohesión, un examen que aprobó con matrícula de honor con el diputado de Hacienda, Salvador Blanco, como mano derecha para estos menesteres. Dos presupuestos más tarde, la situación es muy diferente: Antonio Ruiz es el máximo responsable del partido más votado en Córdoba y su equipo de gobierno lo acompaña también en la ejecutiva socialista. Pese a mantener un cogobierno con los tres diputados de IU, a nadie escapa que el PSOE tiene la sartén por el mango. Y ahora más que nunca.

Los protagonistas son casi los mismos que en 2015, pero mucho han cambiado en dos años

El propio Blanco, durante la comparecencia pública del pasado martes para presentar las cuentas, ya daba por hecho que en esta ocasión la unanimidad se daba por perdida, como el portavoz del PP, Andrés Lorite, casi confirmaba días después al anunciar que su grupo planteará cien propuestas alternativas para enmendar un proyecto que, en su opinión, "hace aguas por todos sitios". "Constata la desidia del cogobierno, que no está a la altura de los intereses de la provincia", y "evidencia de forma clara y rotunda que no se ha trabajado durante dos años y medio", repitió Lorite casi como un mantra en la sede provincial de su partido.

En la oposición, está claro, ya van a por todas -igual que en el cogobierno-. Y es que la renovación que los partidos han experimentado a lo largo de este año como línea de salida de la carrera con meta en las próximas elecciones municipales dejará una impronta evidente en la negociación. Como guiño claro, los 100.000 euros que el cogobierno quiere incluir en el expediente para impulsar la puesta en marcha del Cercanías entre Villa del Río y Palma del Río, la infraestructura más demandada por los vecinos del Valle del Guadalquivir y sobre la que el Gobierno central parece no tener las cosas claras.

Por lo demás, ¿cómo será el discutido presupuesto de 2018? Pues ni tan revolucionario como apuntan unos ni tan calamitoso como se quejan los otros. Serán 234,94 millones de euros, lo que implica un aumento del 9,02% respecto al anterior ejercicio, con una "apuesta clara" por las políticas sociales, apartado al que el cogobierno quiere consignar algo más de 54 millones de euros, el 23% del total. Es decir, que casi uno de cada cuatro euros irá destinado a políticas sociales. El programa de ayuda a domicilio y dependencia se llevará 32 millones y la transferencia al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) para programas de asistencia social y prevención de la exclusión tendrá nueve millones.

Los programas de obras que ya son la seña de identidad de la casa palacio y que son los que verdaderamente importan en los ayuntamientos se mantendrán, así como las iniciativas relacionadas con generación de empleo. Eso sí, con una mayor consignación económica debido a que la situación general, afortunadamente, mejora. Lo que no es poco.

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