La implicación de los ayuntamientos en asuntos relacionados con el funcionamiento de los juzgados de paz requiere disponer de los recursos económicos necesarios para hacer frente a los gastos que esta labor ocasiona. En Andalucía, la competencia sobre la Justicia de Paz se atribuye a la Junta a través del artículo 152 del Estatuto de Autonomía. En función de este título competencial autonómico, es la Consejería de Justicia y Administración Pública la que distribuye y asigna los fondos destinados a sufragar parte de los gastos de funcionamiento ocasionados por estas sedes judiciales a los ayuntamientos, así como las indemnizaciones que percibe el personal idóneo de la propia Corporación Local que presta el servicio.

En este año 2009, se ha previsto un importe global máximo de 2.655.676 para todos los juzgados de paz de Andalucía, de los que 265.200 euros corresponden a la provincia de Córdoba. Este montante se distribuye en función del número de habitantes de derecho de cada municipio. Pero además de estas cantidades, la delegada de Justicia, Mercedes Mayo, comentó que se conceden otro tipo de subvenciones en materia de mejora de las infraestructuras y gastos de equipamientos, en función de las peticiones efectuadas por los propios ayuntamientos para mejorar las instalaciones de los juzgados de paz. En el presente ejercicio, la Junta ha concedido 83.374 euros entre los entes locales que han solicitado las ayudas.