Tras más de cuatro años de investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lucena ha optado por archivar la causa contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Benamejí, Francisco Hoyos (PSOE), que fue imputado en julio de 2013 por un presunto delito de malversación por el cobro de dietas sin justificar. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron que el togado ha optado por no seguir adelante con este procedimiento al concluir que no existen indicios de la comisión de delito. También se ha archivado el procedimiento que imputaba al tesorero del Ayuntamiento en relación a la misma causa.

De esta manera, sólo queda abierta la causa contra el exalcalde, José Ropero, investigado también desde verano de 2013. Fuentes próximas al caso informaron, no obstante, que después de cuatro años la instrucción apenas ha avanzado y existen serias dudas de que vaya a prosperar el procesamiento.

El juez también ha optado por cerrar la instrucción contra el tesorero municipal

A principios de junio de 2018, la Fiscalía Provincial de Córdoba pidió imputar "a todos los beneficiarios" que cobraron las dietas irregulares en el Ayuntamiento benamejicense, una circunstancia que implicaría a casi 40 personas, aunque todas estas imputaciones nunca llegaron a concretarse. La denuncia en el plano político del cobro irregular de dietas partió del grupo de Izquierda Unida, que localizó una serie de errores en los formularios que se utilizaban para esos fines. Ante esta situación se puso en marcha una comisión de seguimiento sobre las dietas irregulares, que estudió el periodo comprendido entre 2002 y 2012. En total, se detectaron 74.084 euros pagados de manera presuntamente irregular por parte de técnicos y políticos.

No obstante, según se dijo en su momento, el 95% de esos 74.000 euros afectaban a sólo dos personas: el alcalde, José Ropero, y el citado concejal de Urbanismo, que ya está libre de toda sospecha.

En el caso de Ropero, se trata del 52% de todas las dietas que cobró en los 11 ejercicios investigados, mientras que Hoyos devolvió el 100% de lo cobrado, algo más de 20.000 euros, pues la comisión determinó que al tratarse de un concejal con dedicación exclusiva no tenía derecho a la percepción de ese dinero extra.

Acorralado por las acusaciones y la oposición, José Ropero optó por dimitir en enero de 2014. Ante el pleno, lo consideró un asunto de "gravedad" porque compromete dinero público, si bien insistió, tal y como había hecho hasta entonces, en que se trata de un "error". Dijo, además, que "se ha corregido" ya por los cerca de 40 cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento implicados, "sin excepción".