Pedro Abad

El Gobierno cifra en 244.000 euros los daños provocados por el vertido de orujo

  • El Ejecutivo concreta en 6,3 toneladas los peces muertos retirados por la lengua contaminante, que alcanzó 23 kilómetros

Concentración de los ecologistas días después del vertido. Concentración de los ecologistas días después del vertido.

Concentración de los ecologistas días después del vertido. / El Día

El vertido de orujo al río Guadalquivir que se produjo el 19 de junio desde la planta de Oleícola El Tejar en Pedro Abad provocó un daño a la calidad de las aguas cifrado en 244.050 euros y produjo una mortandad de organismos acuáticos que llevó a la recogida de 6,3 toneladas de cadáveres de peces. Así lo determina el Gobierno central en una contestación a las interrogantes planteadas por el diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado. El Ejecutivo central explica que las afecciones producidas a la fauna y flora acuicolas deben ser evaluadas por la Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de forma que, una vez que se tengan todos los informes de evaluación, incluidos los que corresponden a la Administración autonómica, “se efectuará una valoración global del incidente”.

En lo que se refiere a la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que según el Gobierno comenzó a “actuar inmediatamente” tras tener conocimiento del hecho, a las 13:30 del pasado 20 de junio, el organismo estatal “empleó todos los medios a su alcance para la mitigación de este vertido” de residuos líquidos, “estimado en 1.627 metros cúbicos”. La sustancia dio lugar a una “lengua contaminante” que alcanzó una longitud de alrededor de 21 kilómetros.

El Gobierno precisa que la investigación sobre los hechos producidos se encuentra “ultimada” y que las sanciones a imponer son las que corresponden a la Ley de Aguas, de forma que, “considerando en particular los daños producidos al dominio público hidráulico”, los hechos “tienen una tipificación de muy graves”. El Ejecutivo central añade que el vertido se produjo en una instalación cuya autorización y control no compete a la Administración General del Estado, sino a la Junta de Andalucía, que fue “la primera administración actuante y conocedora del vertido”, y “no consta que dicha administración comunicara la incidencia, ni su actuación, a la CHG”.

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