Técnicos del área municipal de Urbanismo han elaborado un informe que aconseja el realojo de los mayores que viven en la residencia Nueva Aurora. El informe recoge que en el Ayuntamiento no consta una autorización administrativa que les permita "realizar cualquier servicio" y aclara que para su elaboración se han basado en signos aparentes del edificio que les llevan a concluir que "el inmueble no es apto, en sus condiciones actuales, para albergar el uso al que se destina requiriendo la rehabilitación integral para adaptarse a dicho uso", ya que se encuentran comprometidas "tanto la seguridad como la salubridad de las personas allí alojadas". Así, el informe "considera necesario" proceder en el menor tiempo posible al "realojo" de los mayores a un inmueble apto para la debida asistencia de los mismos y "que reúna las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad necesarias".

El documento señala también que pese a que estructuralmente no se estiman patologías en la estructura como muros de carga o pilares que denoten falta de estabilidad en la cimentación que los soporta, sí que se aprecian "deformaciones en las planeadas de los suelos", lo que puede presentar un peligro, máxime dadas las características de movilidad reducida de los usuarios. Los autores del informe aluden también al "estado deficiente de la cubierta y la falta de ventilación, luminosidad y accesibilidad del recinto, sobre todo en la segunda planta" e inciden en que "no queda garantizada" la protección de los ocupantes ante el riesgo de incendió. El centro, de tres plantas, está en la calle Ancha y cuenta con 20 dormitorios, que ocupan 44 personas.

Según fuentes consultadas por el Día, la residencia Nueva Aurora ya había presentado ante la Delegación de Igualdad de la Junta un proyecto de reforma y adecuación del edificio antes del inicio de investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que aún no se ha puesto en marcha. El pasado 10 de abril el Ayuntamiento de Lucena remitió este informe a la Junta y a la empresa para su conocimiento.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz decidió que abriría una investigación al centro para esclarecer si cuenta o no con los permisos oportunos para prestar el servicio de alojamiento y asistencia de mayores tras las quejas presentadas por los familiares de una usuaria. El inicio de esta investigación propició el contacto entre la Oficina del Defensor del Pueblo y el Ayuntamiento de Lucena al que se le solicitó que iniciara una inspección urbanística que diera a conocer más detalles sobre el estado actual del edificio.

Ante este informe, la Delegación de Igualdad aseguró que "la Junta vela y va a velar siempre por que se cumplan los requisitos para el bienestar de los usuarios" y, para ello, "se realiza una actividad inspectora que vela por esa calidad". "La Administración hace dichas labores inspectoras, como en todas las residencias de Andalucía, pero los informes derivados de esas inspecciones no se hacen públicos", añadió, al tiempo que reconoció que no tienen "conocimiento oficial" del citado informe municipal.