La sección sindical de UGT en Emproacsa exigió ayer a la Diputación que mantenga el modelo de gestión pública de las depuradoras. "Vamos a seguir manifestando nuestro rechazo ante cualquier maniobra o posibilidad de privatizar o externalizar la actividad de Emproacsa; máxime además cuando los costes que suponen al año las subcontrataciones de las depuradoras ascienden a unos 1,3 millones de euros. Esta empresa está en condiciones de generar empleo estable y de calidad", sentenció Pedro Téllez, miembro de la sección de la Federación de Industrias Afines de UGT. Téllez no dejó títere con cabeza a la hora de analizar la postura de cada uno de los grupos de la oposición sobre el tema. Así, afirmó que "lo de IU no se sostiene y es cuando menos lamentable; quiere abanderar la gestión pública en la empresa cuando nos dieron la espalda y privatizaron la gestión del agua, por ejemplo, en Montilla". Del PP apuntó que "siempre apostará por el capital y no por el servicio", mientras que del PSOE sentenció que "es triste que lleve tantos años gobernando en la Diputación y que aún se cuestione el modelo de gestión que quiere para el ciclo integral del agua en nuestra provincia".

Además, UGT rechazó el planteamiento del presidente de Emproacsa, Antonio Ramírez, de abrir la posibilidad de adjudicar esa gestión a una o varias firmas públicas durante cuatro años hasta que la Ley del Agua determine esa gestión se puede llevar a cabo desde lo público. "La Ley del Agua no se va a meter en ese aspecto, sino en homogeneizar un precio para toda Andalucía", resaltó Téllez, quien además denunció que "nos preocupa y nos molesta que nuestros políticos manipulen a su antojo y nos utilicen dependiendo de sus intereses puntuales y partidistas". Así, Téllez culpó a la Corporación provincial del déficit millonario de Emproacsa, "ya que todos saben que la tarifa que han fijado un año sí y al otro también para el ciclo integral del agua es un precio político que no cubre los gastos de explotación del servicio" y animó a los diputados a "ser valientes" y subir el recibo "un 15% o lo que haga falta".

El sindicato también habló de los 26 contratos tildados como irregulares por la empresa QRS en su auditoría a Emproacsa. "Entendemos que no deja de ser una valoración en principio imparcial y sobre la que ni el Consejo de Administración ni la Junta General, en la que están todos los grupos políticos, se ha pronunciado". Y acabó exigiendo a Emproacsa que cumpla lo decidido por el tribunal evaluador de una plaza de auxiliar administrativo que se decidió no otorgar a quien había sacado la nota más alta tras argumentar la dirección de la empresa que había un error en las baremaciones. "UGT participó en ese proceso evaluador y nuestro posicionamiento sigue siendo el tomado en principio por unanimidad, dar como válidos los resultados de ese proceso", precisó Téllez. UGT lamentó que el proceso esté "lamentablemente" judicializado. "La dirección de la empresa sinceramente no ha estado a la altura y ha tomado una decisión que creemos que es muy arriesgada por sus consecuencias y por sus posibles repercusiones futuras", insistió.