El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso del secretario del exalcalde de Baena, otro funcionario y un empresario contra la sentencia que los condenaba a penas de entre ocho meses y un año de cárcel por beneficiarse de facturas falsas de hasta 24.549 euros. La Audiencia de Córdoba condenó a un empresario y dos funcionarios del Ayuntamiento de Baena cuando era regido por Luis Moreno (PSOE) a ocho meses y un año de prisión como autores de los delitos continuados de falsificación de documento mercantil, oficial y continuado de estafa, con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas tras diez años de procedimiento. La acusación particular interpuso un recurso para aumentar la condena considerando que no existían atenuantes para rebajar la pena en el conocido en Córdoba como caso de "las facturas falsas" mediante el cual los tres acusados pudieron beneficiarse de hasta de las arcas públicas del Ayuntamiento de Baena de hasta 24.549 euros.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJA ha desestimado el recurso porque la sentencia estima que la dilación indebida debe entenderse como, además de ser imputable a la administración de justicia, que el proceso judicial esté fuera de los plazos razonables. En este caso, "atendiendo a los avatares procesales relatados en la sentencia recurrida que han sido aceptados por todas las partes, se considera que el plazo total de tramitación del procedimiento no puede considerarse razonable", añade.

Los hechos comenzaron en 2005, cuando los dos funcionarios del Ayuntamiento, uno de ellos secretario personal del entonces alcalde, se pusieron de acuerdo con un empresario de la localidad para enriquecerse a costa del dinero público del Ayuntamiento de Baena con facturas falsas. El secretario del alcalde se ofreció a dar un trato de favor al empresario -que realizaba obras menores para el Ayuntamiento- para agilizar el cobro de facturas presentadas siempre que el empresario realizara facturas artificiales por trabajos que no se realizaron. Cuando el empresario cobraba las facturas falsas, descontaba el importe del IVA y entregaba en mano la cantidad restante a los funcionarios.

Según la sentencia, por este procedimiento ilegal, entre el año 2005 al 2007 obtuvieron la cantidad de 24.549 euros.