El Área de Recursos Humanos de la Diputación de Córdoba llevará al Pleno ordinario del mes de junio, que se celebra mañana miércoles, una modificación del sistema de provisión de un conjunto de 26 puestos de trabajo, la gran mayoría de libre designación, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba sentenciara que no existe justificación alguna, "ni siquiera las fórmulas estereotipadas", para estos nombramientos.

Entre los cargos hay diversos asesores técnicos, dos responsables administrativos de gabinete, ocho oficiales mecánicos conductores con plena dedicación, dos ordenanzas y, sobre todo, un buen puñado de jefaturas. Entre ellas, están las de la Unidad de Fiscalización y Control Financiero, Promoción de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de Políticas Públicas, Contratación, Suministro de Información, Ingeniería Civil o Empleo y Protección Civil.

El SIEP, que puso la denuncia, recuerda que aún hay "demasiadas libres designaciones"

El expediente recuerda que en la estructura de personal de la Diputación "no se cuenta con directivos al frente de las distintas áreas". En consecuencia, los puestos de trabajo que culminan la organización administrativa en cada sector o área funcional son las jefaturas de servicio. "Estos puestos de máxima relevancia en la organización tienen asignada la responsabilidad administrativa superior por cada sector, lo que supone la coordinación y mando de todas las unidades administrativas de inferior nivel", detalla el informe. Además, a las jefaturas les corresponde "plasmar y llevar a cabo" las políticas de gobierno "emanadas de los órganos representativos y colaborar y asistir" a los diputados provinciales. Esta asistencia no es "puramente técnica", sino también "en base a criterios de oportunidad en aras de una gestión eficaz y de protección de los intereses públicos", profundiza el expediente. De ahí que, hasta el momento, los sucesivos equipos de gobierno optaran por la libre designación para cubrir estos cargos.

A raíz de la sentencia, no obstante, la corporación optará por dos fórmulas: concurso específico o concurso. La primera modalidad, que incluye una entrevista, será la elegida para cubrir las jefaturas a partir de ahora. "El desempeño adecuado de estos puestos requiere no sólo de capacidades y conocimientos técnicos valorables en un concurso de méritos, sino la posesión de una serie de competencias, habilidades y destrezas que aseguren el éxito en la gestión, en las que se debe destacar el compromiso con la Administración, que supone entre otros aspectos asumir la estrategia política, la misión, visión y los valores institucionales", explica el expediente.

El Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP), que interpuso la denuncia, consideró ayer que "todavía quedan demasiados puestos de libre designación" y anunció que "seguirá trabajando en la defensa de la igualdad, el mérito y la capacidad de todos los empleados de la Diputación de Córdoba, que sin duda repercutirá en la mejora de los servicios públicos". "Los empleados públicos deben estar al servicio de los ciudadanos y trabajar con independencia política", destacó la portavoz del sindicato, Esperanza García, quien recordó que en la institución provincial se ha pasado de 135 puestos de libre designación en el año 2015 a 88 en el presente ejercicio.

La sentencia explicaba que no se ha encontrado "motivación suficiente para optar por el sistema de libre designación". "No se encuentra una justificación caso por caso" que describa "las concretas circunstancias y cometidos" de cada uno de estos puestos de trabajo para valorar "si es o no de apreciar" el carácter directivo o la especial responsabilidad para decantarse por "la validez del sistema de libre designación".

Y reprendía: "No es suficiente la denominación del puesto para deducir todas estas notas legitimadores ni sirven tampoco las fórmulas estereotipadas". El magistrado advierte a la corporación de que "debe identificarse" caso por caso y justificar "por qué se opta por este excepcional sistema de selección", pues en la RPT de 2016, como pasaba en la de 2015, "no existe nada de esto, ni siquiera las fórmulas estereotipadas". Es decir, la Administración "debe motivar individualmente" cada nombramiento de libre designación. Y respecto a los altos cargos en concreto, la resolución advierte de que "no se puede deducir que una jefatura exige un puesto de libre designación", sino que "la Administración debe motivarlo individualizadamente".