palma del río

El Plan de Vivienda contabiliza 1.000 pisos vacíos y apuesta por el alquiler

  • El informe detecta que el 38% de los edificios plurifamiliares presenta problemas de accesibilidad

  • Las unidades familiares de entre uno y tres miembros suponen el 50%

Edificio en construcción en la calle Ancha, en el centro de la localidad.

Edificio en construcción en la calle Ancha, en el centro de la localidad. / r. morales

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se aprobó inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento, el pasado mes de marzo. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha estado en periodo de información pública hasta el 23 de mayo, fecha hasta la que se podían presentar reclamaciones y sugerencias.

En el primer apartado de este documento, el relacionado con la información y diagnóstico, se ha llegado a la conclusión en materia de análisis de población que ésta se ha mantenido constante en los últimos diez años; y, de hecho, prevé que continuará así en las próximas dos décadas, es decir, entre los 21.000 y 22.000 habitantes. Del análisis también se desprende que las unidades familiares han venido reduciendo el número de miembros, por eso más del 50 % de las familias están compuestas por uno, dos o tres miembros, un dato que demuestra cómo la evolución del tamaño medio del hogar ha ido disminuyendo.

El grueso de la pirámide poblacional de Palma del Río se encuentra entre los 35 y los 60 años, por lo que se estima un envejecimiento constante de la población, que demandará la adecuación de la vivienda a las necesidades funcionales de las familias. Respecto a la demanda de vivienda, de los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Palma del Río, se deduce que la mayor parte de los demandantes de vivienda solicitan viviendas en alquiler con opción a compra. El perfil de demandantes son menores de 35 años, con ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem.

A la hora de observar el parque de viviendas existentes en la ciudad, el texto recoge aproximadamente 9.100 inmuebles, aunque de esa cantidad unos 1.000 están vacíos y pueden servir para políticas que favorezcan la puesta en el mercado del alquiler. Las viviendas están localizadas en edificios plurifamiliares en un 65%, mientras que las edificaciones unifamiliares se encuentran en torno al 35%. En este sentido, de todos los edificios plurifamiliares existentes el 38% tiene o va a tener problemas de accesibilidad.

El citado plan establece ocho objetivos orientados a lograr el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del hogar; evitar ocupaciones irregulares o poner en el mercado las viviendas vacías, entre otros. Para ello, se han dibujado tres estrategias principales: Información y asesoramiento a la ciudadanía; Acceso a la vivienda y rehabilitación edificatoria y regeneración; además de Renovación urbana, eficiencia energética y accesibilidad.

Esta línea de actuación tiene una vigencia de cinco años y pretende servir como documento dinámico que se adapte a las necesidades habitacionales de la población en cada momento. Para cumplir con lo trazado, se contemplan tres líneas fundamentales de financiación; una de carácter propia, o sea, mediante aportaciones económicas a través de los presupuestos municipales y del Patrimonio Municipal de Suelo, apoyo técnico del personal al servicio de la administración local y aportación de suelo y viviendas de titularidad municipal. También la aportación derivada de conciertos o convenios con la Consejería de Fomento y otras administraciones públicas. Y en tercer lugar, las Ayudas, subvenciones, prestaciones previstas por la Junta de Andalucía y el Estado -derivadas de los diferentes planes y programas de vivienda, rehabilitación y eficiencia energética-, así como la financiación procedente de los fondos Feder, de la Unión Europea de y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible.

El plan ha sido elaborado, diseñado y proyectado desde la participación ciudadana, en cumplimiento de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía de forma que se ha fomentado la participación de los agentes económicos y sociales más representativos. Así, han colaborado asociaciones profesionales, vecinales, de consumidores y de demandantes de vivienda protegida.

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