La Oficina de Memoria Democrática ha tramitado hasta la fecha la solicitud de 89 personas relativas a la exhumación de fosas de familiares de la Guerra Civil. Éste es uno de los datos que se puso ayer de manifiesto durante el encuentro que la delegada del Gobierno, Esther Ruiz, mantuvo con alcaldes de la provincia para analizar el primer año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. La citada oficina, además, ha atendido en este tiempo a otras 39 personas que han solicitado información, a cinco entidades memorialistas y a siete ayuntamientos: Priego de Córdoba, La Carlota, Lucena, Montoro, Hinojosa del Duque, Villafranca de Córdoba y Baena.

En este primer año de vida, la oficina también ha atenido diferentes consultas sobre simbología y relativas al callejero urbano. El pasado mes de enero, por su parte, finalizó el proceso de exhumación en Lucena con la localización de cinco víctimas, de entre 35 y 53 años; los trabajos se prolongaron durante cuatro meses.

Según los datos aportados por la Delegación del Gobierno, los municipios con más víctimas en las fosas de Córdoba son Montoro, con 61; Puente Genil, con 51; Posadas, con 45; Castro del Río, con 40; Palma del Río, con 39; Villanueva de Córdoba, con 37; Villa del Río, con 36; Adamuz, con 33; y Lucena e Hinojosa del Duque, ambos con 28.

Ruiz indicó que "actualmente hay detectadas 2.310 víctimas del franquismo que fueron fusiladas y que se encuentran en las fosas de los cementerios de la Salud y San Rafael, en la capital y de estas víctimas, 1.081, es decir casi la mitad, son naturales de 70 municipios".

El responsable de la Oficina de Memoria Democrática en Córdoba, Manuel Aguilar, quien explicó que cualquier persona que quiera desee obtener información acerca de sus familiares "puede solicitar la búsqueda de los restos", además de aportar una prueba de ADN; el servicio es totalmente gratuito. Para ello, pueden acudir a la Delegación del Gobierno y presentar la solicitud o vía correo electrónico. Aguilar indicó que todos los casos a estudiar pasan por una comisión técnica. Se trata, explicó a el Día, de "un trabajo previo de compilación historiográfica, con el objeto de conseguir la mayor fiabilidad en cuanto a la ubicación y delimitación de las fosas". Por ejemplo, en el caso de la capital está a punto de finalizar y la delimitación de esas fosas se encuentran ubicadas en los cementerios de La Salud y san Rafael. "Es un trabajo previo a las catas que desembocará en las exhumaciones", añadió.

En el caso de la provincia, según Aguilar, ya hay municipios que han iniciado los trabajos, como en Castro del Río, y ahora una decena de ellos se encuentran en periodo de alegaciones. Se trata de la los localidades de Baena, Cabra, Fuente Obejuna, Espejo, Montoro, Hinojosa del Duque, Montilla, Posadas, Puente Genil y Villafranca de Córdoba. Detalló que en el último comité técnico de coordinación se estudiaron las propuestas de solicitudes de búsqueda de restos en dichos municipios, de tal manera que en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) del pasado de 28 de marzo se publicó la apertura del período de alegaciones para aprobar actuaciones de indagación localización, exhumación, estudio antropológico e identificación genética si procediera en los mismos. Tras la publicación en el BOJA, el pasado 7 de abril finalizó el plazo de diez días para que familiares y los interesados hicieran las alegaciones que estimasen oportunas al respecto. Aguilar añadió que una vez finalizado este plazo, la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática emitirá las resoluciones para iniciar el proceso en cada municipio.

Tras todos estos pasos, darán comienzo los contactos y reuniones con familiares solicitantes de la búsqueda de restos, ayuntamientos implicados y Asociaciones Memorialistas de la zona si las hubiera e historiadores e investigadores de la zona. A continuación, "con un equipo cualificado se elaborará en cada municipio un estudio técnico que culminará en un proyecto técnico de intervención", apuntó.

La citada oficina, además, mantiene una interlocución con familiares de víctimas, colectivos memorialistas, ayuntamientos y diputaciones, cuerpos y fuerzas de seguridad así como juzgados de instrucción, equipos técnicos y científicos, como arqueólogos, antropólogos, historiadores o genetistas, así como empresas cuyos trabajos se vinculan al ámbito memorialista.