El delegado de Agricultura, Francisco Zurera, ha recomendado al sector ajero de la provincia, que es la principal zona productora de Andalucía, que para hacer frente con más fuerza al ajo chino debe constituir una organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH). Zurera recordó que el pasado 2 de octubre se aprobó por unanimidad en el Parlamento andaluz una proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista, mediante la que se instó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "a apoyar la creación de esta organización en el sector del ajo", para mejorar su comercialización y que los beneficios de ello repercutan directamente en los ajeros, y también se acordó "demandar a la Unión Europea que endureciera los controles aduaneros, para evitar así la entrada ilegal del ajo chino".

En cualquier caso, Zurera subrayó que la Delegación de Agricultura de la Junta en Córdoba seguirá apoyando "al sector ajero, tan importante en la provincia, para que sea más competitivo", ya que éste ha adquirido una gran importancia, pues genera un número importante de jornales y provoca un incremento de la producción agraria. De hecho, los datos del sector en Córdoba así lo avalan, pues al cultivo del ajo en Córdoba, según los números correspondientes a 2007, se dedican 2.200 hectáreas, que dan lugar a una producción de 26.000 toneladas, valorada en 27 millones de euros, lo que supone el 36% del grupo de las hortalizas, y un 55% de la superficie y de las producción de Andalucía. A pesar de ellos, en Córdoba no existe ninguna organización sectorial de productores que comercialice ajos", por lo que insistió en lo recomendable que sería crear una, con apoyo de la Junta.

Todo esto al margen de la necesidad de que se incrementen los controles aduaneros, de manera especial en la unificación de los códigos aduaneros de nomenclatura combinada, bajo los que se produce la importación en una sola nomenclatura y contingente, modificando las condiciones y requisitos que deben cumplir los importadores, y garantizando así el cumplimiento de las normas y protocolos que, en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria, se aplican a las producciones europeas.