La Diputación de Córdoba ha dado 15 días de plazo a la Fundación Guadalquivir Futuro para que justifique la ayuda de 40.000 euros concedida por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) para la puesta en marcha de un plan socioeducativo en el Distrito Sur. Según informó ayer en el Pleno la portavoz del PSOE, Ana Carrillo, la corporación remitió el lunes, 19 de febrero, la inserción de un requerimiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) después de intentar, sin éxito, contactar con la organización para que justifique el gasto; está previsto que el anuncio se publique el día 24. A partir de esa fecha, empezará una cuenta atrás de 15 días.

La ayuda se otorgó en 2016 como resultado de un convenio de colaboración firmado para la ejecución del proyecto denominado Plan socio-educativo integral en zonas de transformación: interviniendo integral, provincial y comunitariamente. La ayuda se concedió de manera "legal" y "conforme a los procedimientos", siguiendo el procedimiento "normal y legalmente establecido para la concesión de subvenciones nominativas", defendió Carrillo.

La portavoz socialista ofreció esta información en el transcurso de un debate a raíz de una proposición presentada por el PP para que la Diputación excluya de sus convocatorias de subvenciones a todas las organizaciones y colectivos sobre los que recaiga una sanción administrativa o una sentencia judicial por la mala gestión de fondos públicos. Pese a lo agrio del debate, la moción salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el PSOE.

En el texto de la moción, el PP tuvo que omitir cualquier referencia a Guadalquivir Futuro tras un informe del secretario, aunque el portavoz popular, Andrés Lorite, dejó claro al inicio de su intervención que sus dardos iban dirigidos contra este colectivo, cuyos responsables, afines al PSOE, son investigados por la Justicia por el mal uso dado a ayudas públicas. Lorite recordó que la Fundación ha sido sancionada por la Junta de Andalucía por las supuestas mordidas.

El cronograma de la ayuda concedida por la Diputación, y que no se encuentra bajo sospecha judicial, es el siguiente. El 13 de enero de 2016, se entregó en registro de entrada una solicitud de ayuda por parte de la Fundación Guadalquivir, y el día 28 el IPBS aprobó el plan estratégico de subvenciones para aquella anualidad. El 21 de marzo, la Fundación vuelve a solicitar una ayuda de 53.353 euros, pero el IPBS discute que hay gastos de 2.000 euros de funcionamiento del colectivo que no son subvencionables, por lo que le reclama que se adecue. Ya en abril, el consejo rector del IPBS y posteriormente el Pleno de la corporación votaron a favor, incluido el PP, recordó Carrillo. El 18 de mayo, la Fundación reformuló el proyecto tal y como se le había indicado, y el 24 de mayo se firmó el convenio; el 28 de junio, se realizó el pago.

La polémica regresó al Pleno porque, a fecha actual, el colectivo aún no ha justificado la inversión pese a que el plazo para hacerlo expiró el 1 de octubre y la institución provincial concedió otros tres meses más de prórroga. Carrillo insistió en que el equipo de gobierno "está siguiendo los trámites conforme a la Ley" y avisó de que, en caso de que Guadalquivir Futuro haga caso omiso del requerimiento del BOE, se reclamará de inmediato el reintegro de los 40.000 euros.

La diputada de IU Ana Guijarro calificó de "bobo" el sentido de la proposición, al entender que significa básicamente la aplicación de la Ley de Subvenciones, aunque su grupo votó a favor del texto y echó en falta "una posición más clara y más fuerte". El portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, insistió en que "en el ADN" del partido está "arrojar luz sobre cualquier duda razonable", mientras su homóloga en Ganemos, Ángeles Aguilera, insistió en que en el caso hay "dudas y claroscuros que no podemos obviar". "Esta medida es un paso más para dar transparencia a los recursos públicos", dijo.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, acusó por su parte al portavoz del PP, Andrés Lorite, de esgrimir "falsedades" sobre este asunto. "Tratamos de velar siempre por la transparencia y por que los fondos públicos se gasten conformen a Ley", respondió a Lorite. El popular discutió la prórroga concedida a Guadalquivir Futuro, ya que la contratación de un trabajador social y un dinamizador social objeto de la subvención "no se hizo nunca".